Río de Janeiro. La Fiscalía brasileña afirmó este martes que es inconstitucional el decreto del presidente del país, Jair Bolsonaro, que facilita la posesión de armas y aumenta el número de cartuchos que pueden ser comprados anualmente.

La Procuradoría Federal de los Derechos del Ciudadano, un órgano del Ministerio Publico Federal (MPF), divulgó este martes en un comunicado que el decreto acumula "ilegalidades en prácticamente todos los espacios regulados" y que el gobierno debe someter al Congreso Nacional las propuestas de políticas públicas que alteran políticas anteriormente ya adoptadas como ley.

"El escenario es de inconstitucionalidad integral del decreto (...) las ilegalidades se acumulan en prácticamente todos los espacios regulados por la proposición: posesión, compra, registro, porte, tiro deportivo y municipios", afirmó el texto.

El polémico decreto fue firmado por Jair Bolsonaro el pasado 7 de mayo y entre otros puntos, concede el permiso para los propietarios rurales con posesión de arma de fuego a utilizarla en todo el perímetro de la sociedad; acaba con el monopolio de importación de armas; y concede el permiso para coleccionadores, tiradores deportivos y cazadores para ir de casa al local de tiro con la arma y la munición.

El decreto firmado la semana pasada recibió muchas críticas y el propio presidente Jair Bolsonaro ya admitió que si es considerado inconstitucional, "tiene que dejar de existir".

También aumentó el derecho a compra de hasta 50 cartuchos de munición anuales a mil cartuchos y concede el derecho a llevar armas a políticos que ejerzan un cargo público, camioneros, periodistas que cubran asuntos policiales, cazadores, dueños y socios de clubes de tiro, abogados, agentes de tránsito y residentes en zonas rurales, entre otros.

El decreto recibió muchas críticas y el propio Bolsonaro ya admitió que si es considerado inconstitucional, "tiene que dejar de existir".

La semana pasada, el área técnica de la Cámara de Diputados dijo que el decreto tiene ilegalidades y el área técnica del Senado informó que "extrapoló el poder reglamentario".

El órgano de la Fiscalía también dijo que el gobierno debe someter al Congreso las propuestas de políticas públicas que alteren políticas anteriormente ya adoptadas mediante la ley.

Según el documento, las reglas que contiene el decreto de Bolsonaro deben ser enviadas al Legislativo mediante un proyecto de Ley, porque en la evaluación del órgano, no es un asunto "meramente reglamentario" y sí "una alteración de una política pública legislada".

La Fiscalía criticó que el Poder Ejecutivo no promovió una discusión "transparente y plural" sobre armar la ciudadanía como forma de generar beneficios a la seguridad pública ni presentó fundamentos para la medida.

"La iniciativa de ampliar la posesión y el porte de armas de fuego refuerza prácticas que jamás produjeron buenos resultados en Brasil o en otros países. Su adopción sin discusión pública, de hecho, atropella el proceso en marcha de implantación del Sistema Único de Seguridad Pública", agregó la nota.

En enero, justo después de asumir la Presidencia de Brasil, Bolsonaro ya redujo las exigencias para la venta de armas a la ciudadanía, tal y como había prometido durante la campaña electoral alegando el derecho a la autodefensa de cada persona.