El Gobierno aseguró que facilitarán todas las herramientas a la delegación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que este miércoles llegó a Chile.

La información fue confirmada por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien aseguró que “la mayor trasparencia, la mayor apertura, la mayor disposición”.

Las declaraciones de la autoridad se dieron luego de una reunión que sostuvo junto al ministro de Justicia, Hernán Larraín, con parte de la delegación que llegó para constatar posibles violaciones a los DD.HH. por parte de agentes del Estado.

Esto último, en el contexto de la crisis social y política que enfrenta nuestro país desde hace algunas semanas, cuando secundarios comenzaron a evadir el Metro para manifestarse en contra del alza de la tarifa.

El Gobierno que lidera el presidente, Sebastián Piñera, ha sido duramente cuestionado por haber decretado Estado de Emergencia en las principales ciudades del país, lo que se tradujo en que las Fuerzas Armadas se encargaran por una semana de la seguridad pública.

En este escenario, la subsecretaria Recabarren explicó que “ha sido una primera reunión de presentación para conocernos, donde el ministro ha puesto en conocimiento de esta delegación toda la disponibilidad por parte del Ejecutivo”.

En esa línea, la autoridad afirmó que los observadores de la ONU tendrán espacio también para reunirse con otros organismo, como el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez, además de otros actores de la sociedad civil.

En voz del Ejecutivo, la subsecretaria reafirmó que van facilitar la realización de “todas las reuniones o instancias que ellos requieran para poder en estas tres semanas llevar a cabo esta misión técnica”.

Lo anterior, con la finalidad de que se realice un informe sobre la gestión que ha realizado el Gobierno para restablecer la normalidad.

El Gobierno que lidera el presidente, Sebastián Piñera, ha sido duramente cuestionado por haber decretado Estado de Emergencia en las principales ciudades del país, lo que se tradujo en que las Fuerzas Armadas se encargaran por una semana de la seguridad pública.

Esto, atrajo consigo distintas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que habrían sido cometidas por militares, sumado a casos en que se acusa de aquello a funcionarios de Carabineros a lo largo del país.