El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) intercambiaron este domingo acusaciones, en el reinicio del diálogo de paz que sostienen en La Habana desde noviembre del año pasado.

Luego de un receso de 19 días, ambas partes iniciaron este domingo su duodécima ronda de conversaciones, centradas en el punto dos de la agenda sobre participación política, que incluye garantías para la guerrilla cuando deje las armas y medidas para su incorporación a la vida política en el país.

Quiero recordar para qué estamos aquí dialogando en La Habana, este no es un proceso de conversaciones para que las FARC hagan política, sino para pactar el fin del conflicto, dijo en un comunicado leído a la prensa el jefe del equipo negociador gubernamental, Humberto de la Calle, poco antes del inicio de las pláticas.

Si pactamos un acuerdo final podrán hacer política, sin armas, en democracia, una vez que se hayan desmovilizado, añadió el ex presidente De la Calle, al invitar al grupo insurgente a avanzar de forma expedita en la construcción de acuerdos para poner fin al conflicto iniciado hace ya casi medio siglo.

De la Calle precisó que con ese acuerdo el gobierno se compromete a iniciar transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia, con equidad y democracia.

La delegación de las FARC, por su parte, arremetió contra la situación en el campo colombiano y la política seguida por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, frente a las protestas populares en la localidad de Catatumbo, iniciadas hace 46 días.

De nada serviría hablar en La Habana de la limitación de la propiedad de la tierra, del freno a su extranjerización, de su formalización a favor de los pobres y de la soberanía nacional, si el gobierno convierte lo acordado en palabras vacías que se las lleva el viento, dijo Andrés París, miembro de la delegación insurgente.

En un comunicado leído antes de entrar a la sesión de trabajo que se realiza en el Palacio de Convenciones, París señaló que como se deduce del tratamiento que se está dando a las justas protestas de los pobladores del Catatumbo, al gobierno no le interesa defender al campesino pobre, sino los derechos del capital.

Unos 14.000 campesinos iniciaron sus protestas el pasado 10 de junio en Catacumbo, en demanda de suspender la erradicación de los cultivos de coca y mariguana, así como una mayor inversión social y la creación de proyectos productivos en la zona.

Con Cuba y Noruega como países garantes, y Venezuela y Chile como acompañantes, las conversaciones se iniciaron en noviembre de 2012 con una agenda de seis puntos, que incluye el desarrollo rural (ya consensuado), la participación política, las drogas ilícitas, el abandono de las armas, la reparación a las víctimas y los mecanismos de verificación y refrendo de lo pactado.