El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, ha anunciado este miércoles que, gracias a la mediación de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, se ha llegado a un primer acuerdo con los indígenas para que la marcha por Quito sea "pacífica", al tiempo que ha reiterado la oferta de diálogo a todos los sectores sociales para decidir qué se hace con los recursos que ahorrará el Estado con la eliminación del subsidio al combustible.

Sonnenholzner ha informado en una rueda de prensa celebrada desde Guayaquil, a donde se ha trasladado temporalmente el Gobierno desde Quito, de que la mediación de la ONU y la Iglesia Católica ha dado sus primeros frutos y el Ejecutivo y las organizaciones indígenas han llegado al "compromiso" de pactar la ruta de la marcha capitalina y que sea "pacífica".

El 'número dos' del Gabinete de Lenín Moreno ha indicado que "marchar en paz" es el requisito indispensable para "poder conversar en paz" más adelante, si bien ha llamado la atención sobre el hecho de que el diálogo con las organizaciones indígenas es "difícil" porque "la representación no es única", pese a lo cual ha reiterado la disposición de las autoridades a cerrar acuerdos.

A este respecto, ha vuelto a aclarar que el Gobierno no recuperará los subsidios al combustible que "la economía de Ecuador no lo soporta". Hacerlo, ha advertido, implicaría "poner en peligro la dolarización", "el único activo que nos ha permitido desarrollarnos los últimos 20 años", y, por tanto, "la estabilidad de los ecuatorianos". "No es un tema de ser tercos (...), es hacer lo correcto", ha sostenido.

Sonnenholzner ha denunciado la presencia de "infiltrados" que ha vinculado a "la pretensión de desestabilizar al Gobierno por parte de grupos políticos organizados". En concreto, ha revelado que se ha detectado la presencia de extranjeros a quienes pagarían entre US$40 y US$50 para asistir a las manifestaciones. Solo en Guayaquil han sido detenidos 27 ciudadanos de otros países que no ha detallado.

Sonnenholzner ha insistido además en el argumento del Gobierno de que las ayudas públicas a la gasolina y al diésel beneficiaban en "un 80 por ciento" a los más ricos y contrabandistas, por lo que su cancelación permitirá que este dinero "pase de quienes más tiene a quienes más lo necesitan". "Por eso, nos mantenemos firmes", ha declarado el vicepresidente.

No obstante, ha hecho un llamamiento a los manifestantes, tanto sindicatos como indígenas, a "un diálogo para ver qué hacemos con esos recursos". Sonnenholzner ha avanzado que la intención del Ejecutivo era destinar esos fondos al desarrollo de las zonas rurales de la región andina, "abandonada por más de diez años".

Extranjeros e inflitrados. Por otro lado, ha advertido de que el Gabinete de Moreno no tolerará la violencia. "No vamos a tolerar que se salgan con la suya, no lo podemos hacer, no por nosotros, por Ecuador. Si hoy Ecuador puede ser secuestrado por unos pocos, ¿qué futuro nos espera a los ecuatorianos?, ¿para qué sirve la democracia?, ¿para qué sirven las elecciones?", ha planteado.

Sonnenholzner ha denunciado la presencia de "infiltrados" que ha vinculado a "la pretensión de desestabilizar al Gobierno por parte de grupos políticos organizados". En concreto, ha revelado que se ha detectado la presencia de extranjeros a quienes pagarían entre US$40 y US$50 para asistir a las manifestaciones. Solo en Guayaquil han sido detenidos 27 ciudadanos de otros países que no ha detallado.

"No vamos a ser tolerantes con quienes hayan violado las leyes de Ecuador", ha subrayado. El vicepresidente ha aseverado que quienes han sido arrestados "tendrán que responder ante la ley", incluidos "quienes han cometido actos de terrorismo, como tomarse instalaciones petroleras", y los extranjeros, que serán deportados.

Vuelta a la normalidad. En cambio, el 'número dos' ha afirmado que "quienes se manifiesten pacíficamente, como lo están haciendo hoy en Quito, de momento, serán siempre bienvenidos en todas las ciudades de Ecuador".

Sonnenholzner ha considerado que ya es hora de "recuperar la calma y la tranquilidad" y "volver a la normalidad". Según ha comentado, las protestas y los disturbios ya han tenido un coste de "cientos de millones de dólares" y amenazan con comerse el ahorro que el Gobierno había previsto con la retirada del subsidio al combustible. "No podemos darnos ese lujo", ha enfatizado.

"Debo anunciar que el Gobierno está pensando ya en la recuperación", ha anunciado, precisando que dará apoyo financiero a "las víctimas del vandalismo" y a las comunidades afectadas. "Es penoso porque ese dinero estaba pensado para la reactivación productiva justamente de los sectores más deprimidos del país", ha lamentado.

Sonnenholzner se ha mostrado consciente de que "hoy va a ser el día más complejo" por la huelga nacional convocada por los manifestantes, que por ahora se ha traducido en una marcha sindical y otra indígena por Quito, si bien se ha mostrado seguro de que "de ahí vamos a avanzar". "Debemos dejar atrás el camino de la inestabilidad y el golpismo", ha instado.

Dos muertos y 700 heridos. El origen de las protestas es la reforma económica anunciada por Moreno el pasado 1 de octubre fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para conseguir una inyección de 4.200 millones de dólares para el país.

Los disturbios estallaron dos días después con enfrentamientos entre policías y militares y saqueos, lo que llevó a Moreno a declarar el estado de excepción, que en un principio debía estar vigente 60 días pero el Tribunal Constitucional lo redujo a 30.

Desde entonces, dos personas han muerto --una arrollada por un coche y otra al caerse por un puente, ambos en el marco de las protestas--, decenas han resultado heridas, incluida una persona que perdió un ojo por un perdigón, y cerca de 700 han sido detenidas, de acuerdo con el último balance.

Moreno ha ofrecido diálogo aclarando que no recuperará el subsidio al combustible, la medida más polémica del conocido popularmente como "paquetazo", aunque los manifestantes exigen como requisito para sentarse a la mesa de negociaciones que el Gobierno recupere las ayudas públicas a la gasolina y al diesel.

El presidente ecuatoriano ha acusado directamente a su predecesor y otrora aliado, Rafael Correa, y a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de orquestar las protestas en un intento de derrocar a su Gobierno, algo que ambos han negado.