El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha dicho que quiere llegar a los “peces gordos” que pudieron estar detrás de la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010 y que la considera como un intento de golpe de Estado.

Para ello, el Gobierno expone videos, ofrece recompensas por información que permita capturar a los presuntos responsables, solicita material audiovisual a través de una página web, desclasifica documentos y arma una comisión con tres personas que han estado ligadas al Ejecutivo para que recopile información y determine responsabilidades.

En paralelo, la Fiscalía continúa las indagaciones; los tribunales, juzgando a los supuestos implicados, y el poder Legislativo, con mayoría oficialista, ratificó esta semana un tratado internacional con el que se busca el apoyo de la región en caso de que en el país ocurra un intento de desestabilización democrática.

A pocos meses del tercer aniversario de la revuelta policial, el régimen emprende esas acciones y el presidente dijo que los asesinatos de cuatro uniformados y de un civil que ocurrieron ese día “no quedarán en la impunidad”.

El jurista Julio César Trujillo, quien integró la Comisión de la Verdad, creada por el gobierno de Correa para judicializar casos de violaciones a los derechos humanos, consideró que los resultados del equipo que investigará los hechos del 30 de septiembre “van a depender de la credibilidad e independencia de sus miembros respecto de los poderes públicos”.

El problema, según él, es que “si se trata de funcionarios del Gobierno, la duda acerca de su imparcialidad es generalizada y por consiguiente su informe va a satisfacer al Gobierno, pero no a la opinión pública”.

La semana pasada, Correa anunció que la comisión estará presidida por Carlos Baca Mancheno, quien fue asesor en el recientemente desaparecido ministerio Coordinador de la Política, y que además la integrarán Diego Guzmán, subsecretario de Transparencia; y Óscar Bonilla, quien era viceministro de Gobernabilidad del ministerio del Interior y quien estuvo a su lado el día de la revuelta.

Trujillo aclaró que las comisiones que forma el Gobierno, como en la que él participó, no tienen facultades jurisdiccionales, sino de simple recolección de informes y documentos.

En ese contexto, lo que se investigue tendrá que volver a los juzgados. “Y en materia penal tiene que volver al fiscal para que haga las investigaciones que se requieran. Los documentos que se recojan a nivel de la comisión no sirven de prueba”, afirmó Trujillo, quien recordó que ese procedimiento se cumplió en el caso de la Comisión de la Verdad.

Correa justificó la creación de esta nueva comisión por lo que calificó de lento el avance en las investigaciones y porque “ha existido boicot por parte de la propia Policía”. “Así que he tomado personalmente el caso en mis manos”, dijo el sábado de la semana pasada.

Pedro Granja, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Nacional de Abogados, dijo que “eso sería inconstitucional y contrario a los derechos humanos”.

“Todos los juristas saben perfectamente que crear comisiones especiales para investigar delitos viola la Constitución, que prohíbe expresamente la conformación de aparatos estatales dependientes del Ejecutivo para investigar, juzgar o reprimir delitos”, indicó Granja, quien es parte de la defensa de Mery Zamora, encontrada culpable de sabotaje y terrorismo en uno de los casos derivados del 30 de septiembre.

Para este abogado, el anuncio del presidente menoscaba la autoridad de Galo Chiriboga al frente de la Fiscalía.

“El país merece saber la verdad del 30 de septiembre, sobre todo conocer a los responsables de las muertes, pero pretender castigar un plexo de delitos, violando la Constitución desde el poder, atropellando derechos fundamentales de varios ciudadanos desde Carondelet, constituye una afrenta a todos y eso es inaceptable”, señaló Granja.

En su penúltimo enlace sabatino, Correa expresó que la comisión “ya está haciendo su plan de acción” y que básicamente consistirá en “recopilar información y llegar a los culpables, a los tontos útiles, a los instigadores y a los que no aparecieron, pero (que) con teléfonos puede ser de la Escuela de Inteligencia en el valle de San Rafael, en el valle de Los Chillos, planificaban”.

Y describió como uno de los “tontos útiles” al policía Vladimir Casalombo Mantilla, identificado por el fiscal Gustavo Benítez, como la persona que aparece en uno de los videos que difunde el Gobierno incitando a otros uniformados para que agredan a la caravana que sacó a Correa del Hospital de la Policía. Su arresto se produjo el 30 de mayo pasado. Su defensa afirmó que lo confunden con otra persona. Esa fue la segunda detención de un policía desde que el 20 de mayo pasado Correa anuinciara un plan de recompensas. El cabo primero Joffre Lascano fue el primer detenido.

En ese espacio semanal, Correa expuso el video por el que identificaron a Casalombo y al finalizar dijo: “ese tipo, el que dice disparen, disparen y que también disparó, debe ser acusado de homicidio, esas son las balas que asesinaron a Juan Pablo Bolaños, a Darwin Panchi, a Jacinto Cortez, esto no puede quedar en la impunidad”.

En el video se menciona a Fabián Gustavo Arcos Pepinos como uno de los instigadores de la revuelta. “Un sargento del Ejército en servicio pasivo, cercano a Sociedad Patriótica, que estuvo muy activo el 30 de septiembre”, narra la voz en off. Lo ubican en imágenes “en los exteriores del Ministerio de Defensa, en el Regimiento Quito, en el Hospital de la Policía, ordenando revisar las ambulancias”.

Correa dijo que los otros son tontos útiles, pero en relación a Arcos señaló que es un sargento que trabajó en las aduanas en la época de Lucio Gutiérrez. “Aquí vamos a llegar a los que estaban detrás de la movida, del golpe de Estado... Aquí está la punta del ovillo que desenredará esta madeja; veremos con quién se contactó ese día, los días anteriores, y caerán los peces gordos que estuvieron detrás del 30S”.

Al presidente de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, no le preocupa que se relacione a Arcos con su partido.

Para él, esa acción “demuestra la desesperación del presidente por querer buscar culpables después de tres años que la Fiscalía ha hecho todas las investigaciones y no ha logrado identificar a los culpables”.

Según Gutiérrez, “no queda duda de que los hechos del 30 de septiembre sucedieron por la irresponsabilidad de Correa, solo él sabía que iba a llegar al cuartel de la Policía, nadie más, aquí no hay adivinos ni brujos”. Y afirmó: “Si Correa no cometía esa irresponsabilidad de meterse al Regimiento Quito, hubiera terminado en una huelga más y se le hubiese hecho fácil sancionar”.

Comisión investigadora. Sus integrantes

Carlos Baca Mancheno. Especialista en Derecho Penal. Fue asesor de la Mesa de Legislación de la Asamblea Constituyente en temas de indultos. En el 2010, asesor de despacho del Ministerio de la Política y su coordinador en el 2011. Fue delegado del Ejecutivo en la Comisión de Selección de los vocales del Consejo Nacional Electoral.

Óscar Bonilla. Sociólogo. Fue asesor de la Conaie y exmilitante de Pachakutik. Se involucró en el régimen durante la primera elección del presidente Rafael Correa. Fue titular de la Dirección de Plurinacionalidad de la extinta Secretaría de Pueblos y viceministro de Gobernabilidad del Ministerio del Interior.

Diego Guzmán. Fue gerente general del Fondo de Inversión Social en el 2005. Entre 1999 y el 2001 fue director de la Cámara de Turismo de Pichincha. Se integró al actual Gobierno como secretario nacional de Transparencia de Gestión el 22 de agosto del 2012. Ahora ocupará la Subsecretaría de Transparencia.

Posturas: De juristas

Rafael Correa, presidente de la República. “Vamos a detener a los peces gordos (…) a quienes coordinaban los hechos, no dejaremos atrás los crímenes atroces del 30S”.

Julio César Trujillo, integró comisión de la verdad. “Los resultados de la comisión van a depender de la credibilidad e independencia de sus miembros”.