El gobierno de Perú aseguró que no ha interferido en el Poder Judicial sobre el caso de la presunta ejecución extrajudicial de tres terroristas tras la liberación de rehenes de la residencia del embajador de Japón en 1997.

El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, y los ministros de Defensa, Pedro Cateriano, y de Justicia, Daniel Figallo, dieron una rueda de prensa en la que negaron la presunta injerencia tras la difusión este fin de semana en medios locales de unos audios de un encuentro entre miembros del Ejecutivo y del Poder Judicial en 2012.

"Nosotros no hemos inducido, ni hemos interferido en la decisión del caso Chavín de Huántar (residencia del embajador de Japón) por parte del tribunal que vio el caso y menos aún en la Corte Suprema. Esa es una decisión absolutamente independiente", sostuvo Jiménez.

La operación Chavín de Huántar permitió en 1997 rescatar con vida a 71 de los 72 rehenes en la residencia del embajador de Japón por miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

La Corte Suprema ratificó a finales de julio pasado la sentencia de octubre de 2012 en la que se absolvió al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y a dos ex militares de la acusación de supuestamente haber ordenado la ejecución extrajudicial de tres de los 14 miembros del MRTA que participaron en el secuestro.

El caso de estas presuntas ejecuciones extrajudiciales también ha llegado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la reunión de octubre pasado estuvieron presentes Jiménez, entonces ministro de Justicia; Cateriano, agente del Estado ante la Corte de San José para el caso Chavín de Huántar; Carmen Rojjasi, jueza de la sala peruana que veía el caso; y César San Martín, presidente del Poder Judicial de esa época.

"(El objetivo) era justamente recibir información y que nosotros remitamos información a la presidenta del tribunal para que ella sepa qué estaba sucediendo en la jurisdicción internacional, cuáles eran nuestras preocupaciones respecto al caso para evitar una responsabilidad internacional de Perú", afirmó Jiménez.

"Eso no es interferencia. Eso es una coordinación del más alto nivel de un caso atípico", agregó.

El jefe del gabinete ministerial indicó que la intención de la reunión era defender el "supremo interés de la nación" y que el encuentro no tuvo carácter clandestino.

"Yo creo que esto se trata de una maniobra para vender la falsa idea de que el Poder Judicial no trabaja de manera independiente, cuando es de dominio publico que este Gobierno es respetuoso de las resoluciones judiciales", manifestó Cateriano.

El ministro de Defensa indicó que es momento de terminar con los audios ilegales "editados con fines políticos, con frases sacadas fuera de contexto".

"Quiero informarles que hoy presentaremos una denuncia penal para que el Ministerio Público (Fiscalía) investigue este nuevo hecho ilícito que afecta al país", anunció Jiménez.