Cuando se observa al presidente de Bolivia, Evo Morales, posar sonriente para la foto protocolar junto con la presidente de Chile, Michelle Bachelet, uno no diría que se trata de dos países que rompieron relaciones diplomáticas en los años 70, cuando la negociación para resolver el problema de la mediterraneidad boliviana sufriría un naufragio estrepitoso.

A su vez, cuando el presidente del Perú, Alan García, sostiene que Bolivia renunció ya para todo efecto práctico a obtener un litoral marítimo (mientras el presidente de Bolivia lo acusa de estar obnubilado por la gordura), uno no diría que la posición oficial de la cancillería peruana respalda (al menos en principio),esa pretensión boliviana. ¿Cómo así se trastocaron todas las certezas previas?

Conciente de que suelen estar asociadas a la paranoia, permítaseme sin embargo urdir una pequeña teoría conspirativa para responder a la pregunta. Cuando Michelle Bachelet era ministra de Defensa en 2003, la entonces canciller de Chile, Soledad Alvear, reiteró por enésima vez la posición oficial de su gobierno respecto a la demanda boliviana: aunque Chile estaba dispuesto a conceder a Bolivia todas las facilidades necesarias para un acceso libre de trabas al Océano Pacífico, concederle una salida soberana al mar no cabía dentro de lo posible. ¿Qué provocó que en 2006, una vez convertida en presidente, Michelle Bachelet aceptara que la demanda boliviana era materia negociable, junto con otros 12 temas de la agenda bilateral?

Creo que el cambio en la posición del gobierno chileno se explica por la conducta reciente de sus pares de Bolivia y Perú. De un lado, el gobierno boliviano logró proyectar a nivel internacional la imagen de un Goliat andino, que había privado al David de la región de su derecho a un pedazo de mar. Por eso actores tan disímiles como el Secretario General de la ONU, los presidentes de países como Argentina y Brasil, el Centro Carter, el Parlamento Europeo y hasta el propio Vaticano (que, cuando menos formalmente, es también un Estado mediterráneo), ofrecieron o bien su respaldo a la demanda boliviana, o bien sus buenos oficios como mediadores.

A ello habría que añadir, desde el gobierno de Carlos Mesa, la decisión boliviana de asociar el posible acceso chileno a los recursos energéticos y acuíferos de Bolivia (por demás escasos en Chile en general, y en el norte de ese país en particular), al acceso recíproco de Bolivia a un espacio marítimo propio.

Como si ese no fuera ya un escenario ingrato para la diplomacia chilena, en 2004 el gobierno peruano planteó formalmente al gobierno de Chile la necesidad de negociar un tratado de límites marítimos, planteamiento que contradecía la posición chilena según la cual ese tratado ya existe y, por ende, no había nada que negociar. La previsible negativa chilena abrió las puertas al proceso en curso ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.

A falta de amenazas militares, el gobierno chileno enfrentaba ofensivas diplomáticas concurrentes en dos flancos distintos. En ese contexto, incluir el tema de la mediterraneidad boliviana en la agenda bilateral conseguía dos objetivos. El primero, era el de neutralizar temporalmente uno de esos flancos: una de las condiciones exigidas por Chile para incorporar la demanda marítima boliviana en la agenda bilateral es que la negociación se lleve a cabo en absoluta reserva (con lo cual el tema virtualmente desapareció de los foros internacionales). El segundo objetivo era el de asociar los intereses bolivianos a la posición chilena en su diferendo limítrofe con el Perú, alegando que la demanda peruana reduce el espacio marítimo disponible para Bolivia, en la eventualidad de que Chile le conceda una salida soberana al mar por el territorio de Arica.

Nótese que el gobierno chileno se compromete por primera vez a negociar el tema de la mediterraneidad boliviana, pero que jamás se comprometió a resolverlo en las condiciones que exige Bolivia. En otras palabras, Bachelet logró apaciguar el frente boliviano y contribuyó a modificar la política de alianzas de ese país sin hacer a cambio ninguna concesión substantiva. Así, dejó en manos de su sucesor la tarea de propinar el tiro de gracia a la aspiración boliviana de obtener un acceso soberano al océano Pacífico, y asumir el costo político. Y a Sebastián Piñera no le tembló la mano a la hora de apretar el gatillo.