Buenos Aires. La justicia argentina investiga a la presidenta Cristina Fernández por una eventual negociación incompatible en el ejercicio de funciones públicas, por su relación con la consultora financiera y de inversión El Chapel S.A., creada junto a su familia en 2007.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga el caso, decretó en las últimas semanas siete diligencias con el objetivo de esclarecer el eventual delito, según consigna el diario La Nación.

La figura penal sanciona con penas que van desde los uno a los seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para cargos públicos para el funcionario que "se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

La sociedad El Chapel tiene tres integrantes: Cristina Fernández, su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, y el hijo de ambos, Máximo.

Entre las diligencias ordenadas por el juez, se encuentra una informe al Registro Público de Comercio de Río Gallegos de "todos los datos del estudio contable de Manzanares y Montaner", que se encargaría de los negocios del ex presidente Kirchner.

También solicitó a la Oficina Anticorrupción (OA) un informe sobre la compatibilidad de que un funcionario público tenga una consultoría.  

Según La Nación, la OA ya se pronunció en agosto pasado, estableciendo que Cristina Fernández podía seguir conservando su cargo de directora de la firma, siempre que no lo ejerciera. Además, resolvió que el Estado debía abstenerse de contratar sus servicios.