Medellín vive una compleja situación delictual. Según el último informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en esa ciudad los homicidios aumentaron 133% entre enero y octubre de 2009. La situación encendió las alarmas en el gobierno, y no es para menos, ya que sólo en enero pasado se registraron 200 homicidios.

Rápidamente el presidente Uribe hizo un anuncio que no ha estado exento de polémica: la conformación de una red de informantes universitarios, quienes serán recompensados económicamente con aproximadamente US$50 (100.000 pesos colombianos) por la entrega de datos al Ejército.

Los analistas coinciden en que la medida tiene lógica dentro de la política de “seguridad democrática” implementada por el presidente Uribe desde el inicio de su mandato. “La estrategia en este plano ha sido promover la cooperación de la ciudadanía para detener la delincuencia”, dice Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia a AméricaEconomía.com.

“La práctica de las denuncias ha tenido efectos inmediatos, como la captura de dirigentes de la guerrilla, liberación de secuestrados, etc.”, agrega Freddy Cante, académico de la Universidad del Rosario, politólogo que agrega que “la política de seguridad democrática cuenta con el poder monetario del Estado, por lo que es absolutamente viable”.

Sin embargo, los expertos coinciden en que el anuncio del gobierno no es el camino correcto para atacar el problema. “Cuando la política de seguridad democrática se basa en ofrecer recompensas, la gente se moviliza por el dinero”, afirma Cante. “Esto puede generar efectos perversos, ya que las denuncias pueden ser por razones particulares”, concluye.

Desde la óptica de la formulación de políticas públicas, María Victoria Llorente, directora Ejecutiva de Fundación Ideas para la Paz, señala a AméricaEconomía.com que el foco del problema es el “conflicto entre bandas de narcotraficantes” que se han enfrentando en Medellín en el último tiempo. “Ellas agrupan a jóvenes de entre 16 y 25 años”, un segmento etáreo al que también pertenecen las víctimas del crimen organizado, advierte Llorente.

Desde esta perspectiva, es entendible que la medida del presidente Uribe apunte a formar una red de informantes universitarios, como una herramienta para combatir al crimen organizado en Medellín, una “estructura pesada” (grupos paramilitares que manejan territorios) que se  articula a través de “estructuras livianas” (pandillas urbanas juveniles), explica Llorente. “El gobierno quiere tener ojos y oídos en todas partes”, sentencia.

No obstante, para la experta la medida tendría una eficacia débil. Primero, por la baja cantidad de dinero que se pagaría por la información. Segundo, porque no existe una estrategia a largo plazo para desarticular las estructuras de sucesión del crimen que buscan tener el control de Medellín. “Esa es la clave para eliminar a las mafias”, asegura Llorente.

La batalla por Medellín. A dos meses de haber asumido el poder en 2002, el presidente Uribe puso en marcha una de las primeras acciones para implementar exitosamente su política de seguridad democrática: la Operación Orión, un operativo llevado a cabo por el Ejército y la Policía en la Comuna 13, en San Javier, Medellín, y que terminó con el arresto de 243 guerrilleros, entre ellos varios cabecillas, lo que generó tranquilidad en la población de esa zona.

Sin embargo, en el último tiempo las cosas han cambiado en esa región, una tierra que liga de especial manera a Álvaro Uribe. Por eso la directora de Ideas Para la Paz afirma que el recrudecimiento de la violencia en Medellín constituye “una afrenta para la política del presidente Uribe”, quien es oriundo de esa ciudad, así como varias personas que trabajan con él en el gobierno.

En paralelo, uno de los políticos más peligrosos para Uribe, en las próximas elecciones presidenciales, también es “paisa” (como se conoce en Colombia a quienes provienen de esa zona del país), y ya se ha mostrado contrario y agresivo en los medios con la propuesta de Uribe, un ruido comunicacional que seguramente habrá motivado más al mandatario para sacar un as bajo la manga y poner paños fríos al recrudecimiento de la violencia en Medellín.

Es Sergio Fajardo: “es un error monumental” (…) el mundo del conflicto tiene una puerta de entrada y ésta sólo se cierra con oportunidades en educación… pero esta propuesta es invitarlos a entrar a un mundo al cual no deben entrar, esto no tiene presentación”, consigna la prensa colombiana.

Fajardo fue alcalde de Medellín entre 2004 y 2007, y logró mantener la ciudad en relativa calma, aunque algunos políticos cercanos al gobierno afirman que el candidato presidencial sólo se benefició de la acción del Estado en materia de seguridad, puntualmente de la desmovilización de 855 integrantes del grupo paramilitar “Bloque Cacique Nutibara”, liderado por Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, el principal narcotraficante de Medellín, tras la muerte del mítico Pablo Escobar.

Luis Carlos Restrepo, ex Comisionado de Paz del gobierno de Uribe y presidente del oficialista Partido de La U, señaló hace algunas semanas que Fajardo, y el actual alcalde de Medellín, Alonso Salazar, “decidieron establecer una interlocución directa con Don Berna, según consigna la prensa colombiana. Ello habría mantenido a Medellín bajo control gracias a la acción conjunta del municipio y la acción de los paramilitares, lo que se conoce como “donbernabilidad”. Sin embargo, la extradición de “Don Berna” a Estados Unidos, en 2007, cambió radicalmente el panorama.

Llorente, de Ideas para la Paz, señala que el vacío de poder dejado por Don Berna ha sido una de las causas del conflicto en Medellín, “por la sucesión de este personaje”, lo que ha provocado una escalada de violencia en la ciudad.

La experta señala que si a lo anterior le sumamos el contexto de época electoral, la consolidación de la política de seguridad democrática no es un tema menor. “Uribe busca reposicionarse como el personaje que logra dar seguridad. Dicha política requiere continuidad, y “arraigar la idea de que sólo él puede dar garantías para que se mantenga”.

Aunque la propuesta de los informantes universitarios no genera consenso en Colombia, si efectivamente este plan logra reducir las alarmantes cifras de homicidios en Medellín, Uribe habrá sentado definitivamente un precedente en materia de seguridad, y anotará un gran punto a favor de su gestión.