La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó este jueves (02.08.2018) a 317 los muertos en Nicaragua desde el 18 de abril, cuando estallaron las protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

De los 317 fallecidos registrados entre el 18 de abril y el 30 de julio, la CIDH explicó en un comunicado que 21 son policías y 23 son niños, niñas o adolescentes.

"La Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes. El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes", señaló Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua en la CIDH, según recoge el comunicado.

El Gobierno ha cifrado en 195 los muertos, mientras que la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) contabiliza 448 y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) 302.

Las protestas contra Ortega comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia tras 11 años en el poder.

La semana pasada, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, explicó a la prensa en Washington que la Comisión estaba teniendo dificultades para recopilar cifras de víctimas mortales porque el Gobierno de Ortega había dejado de facilitarles datos oficiales. Por eso, la CIDH solicitó este miércoles al Ejecutivo nicaragüense la cifra actualizada de fallecidos y pidió reuniones con autoridades del Ministerio de Salud, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio Público de Nicaragua.

Persecución de los participantes en las protestas. Por otro lado, en su comunicado, la CIDH verificó "la persecución y criminalización por parte del Estado" en contra de aquellos que han participado en las protestas contra Ortega.

La semana pasada, Abrão ya denunció la existencia de una "tercera fase" de represión en Nicaragua que consiste en la "criminalización de manifestantes", tras la reciente aprobación en el Parlamento nicaragüense de una ley antiterrorismo que, de acuerdo a la ONU, podría usarse para perseguir las protestas pacíficas.

Las protestas contra Ortega comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia tras 11 años en el poder. La CIDH ha jugado un papel fundamental en la crisis a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) que apoya una de las comisiones del diálogo nacional, y mediante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que apoya las investigaciones de los hechos.