“Si no se habla, si no se escribe y si no se cuenta, se olvida y poco a poco se va tapando bajo el miedo. La gente que vio al muerto se va olvidando y tiene miedo de hablar, así que llevamos un oscurantismo de años en el que nadie habla de eso. (…) Como nadie habla de eso, pues sigamos viviendo como si nada”.

Este es el testimonio de un habitante de Trujillo, Valle. Un sobreviviente de una de las masacres en el municipio que en total dejaron 352 muertos y miles de desplazados entre 1986 y 1994. Una de las tantas descritas en el informe que acaba de presentar el Grupo de Memoria Histórica (GMH) y que da cumplimiento al mandato legal (Ley 975 de Justicia y Paz) de elaborar un relato sobre el origen y la evolución de los actores armados ilegales.

En el texto, escrito después  de una investigación de seis años, se documentan 220.000 asesinatos entre 1958 y 2012. “Pero seguramente esta guerra tiene muchísimos más, estos son solo los que nosotros logramos registrar”, explica Martha Nubia Bello, la coordinadora del Informe. En sus páginas se registran los actos de violencia por cuenta de los paramilitares y de la guerrilla, pero también la responsabilidad del Estado.

“El Estado ha sido responsable por omisión, o por acción directa de algunos agentes del Estado, por violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos. Nuestro compromiso es que este reconocimiento sea un primer paso para que los implicados en estos hechos reconozcan su responsabilidad y puedan participar en los mecanismos de justicia transicional”. Estas son las palabras de Juan Manuel Santos el 25 de julio, un día después de la entrega del informe, cuándo en una audiencia pública ante la corte constitucional se refirió a él. Es el primer presidente en la historia de Colombia que reconoce la responsabilidad del Estado en el conflicto armado. Una responsabilidad evadida por gobiernos anteriores que querían mostrar al Estado como una víctima.

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El informe se publica en un momento político crucial. En noviembre arrancan las campañas presidenciales.  Santos tiene la necesidad de legitimar el proceso de paz para salir reelegido. En la otra esquina, una oposición liderada  por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ataca de forma virulenta y sistemática los diálogos con las FARC. El escenario de la contienda es un paro agrario generalizado que encontró el respaldo de la sociedad civil y ha puesto en jaque al gobierno por haber abandonado el campo por tantos años.

Después del concepto favorable que ha emitido la corte constitucional el pasado 28 de agosto para el marco jurídico para la paz, que busca facilitar la reintegración a la vida civil de los desmovilizados, y la puesta en marcha de la ley de víctimas, por la cual se dictan medidas de atención y reparación integral a las víctimas –dos grandes triunfos para el gobierno-,  se deben haber sorteado otros  obstáculos no menos complicados para que en diciembre, según las promesas de Santos, el proceso de paz llegue a buen puerto y la guerra haya cesado por primera vez en 54 años.

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*23 campesinos fueron asesinados por las AUC en un recorrido que duró dos días por las veredas del municipio de Yolombo. Fotografía: Jesús Abad Colorado, 1998.©

 

Los escalofriantes números

El libro recoge en 417 páginas las cifras y las historias que ha dejado el conflicto desde 1958 hasta hoy. Es decir, 220.000 asesinados; 25.007 desaparecidos, más del doble que las de la dictaduras del cono sur; 1.754 victimas de violencia sexual; 6.421 niños y niñas reclutados por grupos armados; 27.023 secuestros asociados con el conflicto armado entre 1970 y 2010; 10.189 mutilados por minas antipersonales, casi los mismos que en Afganistán; 8,3 millones de hectáreas despojadas o abandonadas.

La guerra colombiana a diferencia de cualquier otro conflicto en el mundo ha presentado todas las forma de violencia y su resultado ha sido el desplazamiento forzado de 5,7 millones de personas. Ningún otro país en el mundo ha vivido en los últimos 50 años un drama parecido. Para imaginarse el tamaño del éxodo, es como si la totalidad de los habitantes de Holanda tuvieran que abandonar sus hogares para escapar de la muerte.

Uno de las datos  que más aterra es que la población civil ha sido la mayor afectada. El 81,5% de los 220.000 muertos eran civiles y solo 18,5% combatientes. Y aunque entre las víctimas hay hasta candidatos presidenciales, las víctimas en su mayoría son campesinos, población rural marginada y pobre. “En Bogotá como en la mayoría de ciudades del país es fácil vivir con la idea de que no hay conflicto”, explica Martha Nubia Bello.

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*Diez meses después de la toma armada de la guerrilla de las FARC que destruyó cerca de 250 viviendas y dejó cinco policías y 18 civiles muertos, la población de Granada
con apoyo de la gobernación de Antioquia, realizaron la marcha del ladrillo para reconstruir su pueblo. Granada, octubre de 2001. Jesús Abad Colorado.©

 

La cifras son escalofriantes. Es el conflicto más sangriento en la historia contemporánea de América Latina. Pero según algunas ONGS de derechos humanos e institutos de investigación como el Centro de Recursos para el Análisis del conflicto (CERAC) y el  Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), tres de cuatro  homicidios han quedado por fuera de las estadísticas, seguramente por la eficacia de las estrategias de invisibilización que utilizan todos los actores armados. Es decir,  el número de víctimas mortales puede estar alrededor de un millón de personas. Un holocausto.

Pero más que las cifras “que corren el riesgo de ordenar el caos y de invisbilizar el infierno” como dice el escritor William Ospina, el informe le ha dado rostro a las víctimas. El país, asombrado,  ha reaccionado como si apenas se enterara del horror que ha estado viviendo desde hace décadas. “A mí me sorprende la sorpresa. Yo habría querido hacer el informe dejando para el final las cifras. Las cifras han concitado todos los titulares y pueden desviar la atención.”, confiesa Bello.

Las víctimas

“Es impensable, política y éticamente, un proceso de paz exitoso sin la participación y sin escuchar la voz de las víctimas”, explicó el presidente del senado, Juan Fernando Cristo cuando se entregó al congreso el Informe Final de la Segunda Ronda de las Mesas Regionales de Paz que contiene las voces de las víctimas, y que serán presentados en la mesa de negociaciones en La Habana.

Las víctimas son el centro del informe que dedica dos capítulos completos a sus espeluznantes testimonios, pero también a sus valerosas formas de resistencia a pesar de los daños emocionales, psicológicos y morales que les ha dejado la guerra.

Hace unos días se aprobó que varios representantes de estos -además del informe que ya se encuentra en La Habana- lleguen hasta la mesa de negociaciones.  “Sus testimonios  obligan a ver otras perspectivas. Ellos tienen el poder de hacer una interpelación ética. Eso es poderosísimo. Pueden pararse en frente del victimario. Sus testimonios tienen tanta fuerza que pueden desarmar los discursos. Abren otras miradas. Ojalá lo puedan lograr en esa mesa. Es el hastío, es la injusticia. Ellos pueden decir: esto no puede ocurrir más.”, explica Marth.

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Nubia Bello

Uno de los grandes reclamos de los que han sufrido la guerra en carne propia es el silencio de la sociedad civil. “Lo que ha pasado en el campo, tanto la guerra como las iniciativas de paz, ha sido muy invisibilizado en las urbes”, dice Marco Fidel Vargas, investigador y educador Cinep. “Las víctimas tienen una gran necesidad de una reparación simbólica, de resarcir su nombre, de que se sepa. Es suficiente eso, que se sepa. Eso basta. La memoria tiene fines reparatorios, es una memoria dignificante”, explica Bello.

Muchos en Colombia insisten en ver en la violencia una expresión de la delincuencia y no como un producto de los profundos conflictos sociales y económicos. El origen del paramilitarismo -el responsable de dos terceras partes de los asesinatos en el conflicto según el informe- se puede encontrar en esa visión que parece negar que el país sea uno de los más desiguales en el mundo según el índice Gini del Banco Mundial.

Gonzalo Sánchez, Director General del Centro Nacional de la Memoria Histórica, concluye: “Solo si la sociedad hace suyas las causas de las víctimas y las reclama y las defiende, se hace también constructora y merecedora del apelativo de sociedad democrática que le garantiza su derecho a vivir con dignidad”.

Las reacciones

La prensa está inundada con citas del texto y apoya el esfuerzo que se ha hecho. “El informe es un llamado elocuente y estremecedor a pasar la página de medio siglo de violencia.”, explica la revista Semana en un reportaje sobre el informe. “Una monumental reconstrucción periodística, testimonial, interpretativa, fotográfica y estadística de los hechos de la guerra de los últimos 54 años”, dice una editorial del periódico El Tiempo.

Pero, así mismo, ha sido descalificado por los extremos, tanto de derecha como de izquierda. “Seis años. Miles de millones de pesos. Y un chorro de babas.”, reclama desde su blog, Francisco Santos, ex vicepresidente y uno de los precandidatos presidenciales del uribismo,- a pesar  haber presidido la Comisión de Reparación y Reconciliación a la que estaba adscrito el Grupo de Memoria Histórica desde su promulgación-. La guerrilla también sentenció el informe  a través  del portal Anncol y lo calificó como “manipulador y falto de independencia”.

Sin embargo, al reconocimiento del presidente que ha asumido la responsabilidad del Estado se ha sumado, desde otra orilla, una tímida declaración de las FARC que no se debe dejar pasar. El 19 de agosto desde La Habana, la guerrilla reconoció públicamente que sus hombres provocaron “víctimas y dolor” y también abrieron la posibilidad a una “reparación con total lealtad a la causa de la paz y la reconciliación”.

Pero la reacción que más ha sorprendido es la de la sociedad civil que por muchos años ha permanecido indiferente. “Hay una respuesta muy interesante. Mas fuerte de lo que esperábamos. La pagina del Centro de Memoria Histórica ha colapsado varias veces por la cantidad de visitas. Nos invitan de los colegios de las regiones. Diariamente nos hacen propuestas de seminarios. Las iniciativas artísticas y educativas empiezan a florecer, cuando hace apenas un mes se presentó el informe”, explica Martha Nubia Bello.

El reto del Grupo de Memoria Histórica es hacer llegar el informe a estos ciudadanos. “Estamos trabajando en la pedagogización del informe que es una tarea de largo aliento. El informe será  una cátedra universitaria. Se está trabajando con el ministerio de educación en dos perspectivas: formación de docentes de bachillerato, para que lo incorporen en sus cátedras y una versión de texto escolar del informe”.

¿Y ahora qué?

Los obstáculos del proceso de paz todavía son muchos, entre los más urgente están: la firma de los cinco puntos de la agenda de negociación,  incluyendo la participación en política de las FARC -se esta discutiendo en este momento y es uno de los más polémicos-; la aprobación por parte del congreso de un proyecto de ley para realizar un referendo ciudadano que le de validez social a la firma de la paz; convencer a la comunidad nacional e internacional que la paz llegará sin impunidad y con verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas.

Ante un posible final de la guerra y las dificultades que muy seguramente se presentarán durante el postconflicto, es necesario para los colombianos  replantear su futuro y poner en marcha “ese recetario de soluciones aplazada de manera permanente”, como dice el informe.

“El informe muestra lo dañina y costosa que es la guerra. Más allá de los muertos esta generando un daño irreparable. El informe es una interpelación muy fuerte a esta sociedad tan acomodada a la guerra. La sociedad puede presionar para que conflicto termine ya. Es la que puede votar, movilizarse, apoyar, legitimar”, concluye Bello.

El país espera liberarse de la costumbre de convivir con la muerte,  liberarse de la tendencia totalitaria de exterminar al adversario y ojalá por fin condenar la muerte de cualquiera.  No olvidar y construir desde la memoria.

El libro se lee con un nudo en la garganta y la sociedad colombiana parece preguntarse. ¿Dónde estábamos mientras todo esto sucedía? “Habrá valido la pena si logra que sus lectores se sacudan la costumbre de ver en la violencia actual una simple expresión delictiva o de bandolerismo, y no una manifestación de problemas de fondo en la configuración de nuestro orden político y social.” , explica Gonzalo Sánchez en la introducción del informe.