Durante una semana, las voces desde el exterior se hicieron escuchar para criticar a la Ley de Comunicación que fue aprobada por la Asamblea y, finalmente, ratificada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Organismos y gremios expresaron sus preocupaciones, especialmente en temas como el linchamiento mediático, la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación, la conformación del Consejo de Regulación, la profesionalización de los periodistas, el control de contenidos y el régimen de sanciones.

El relator para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, afirmó que la ley tiene elementos que “gravemente afectan a la libertad de prensa y la libertad de expresión” y que, con la creación de la Superintendencia, se establecen mecanismos de censura, por lo que pidió que se reabra el debate.

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras lamentó que la ley mantenga la penalización en los casos de difamación e injuria, contrario a la tendencia del resto del continente. Posiciones similares fueron expresadas por el Comité para la Protección de los Periodistas, el Grupo Andino de Libertades Informativas (que agrupa a gremios de Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia), la Asociación de Prensa Suramericana (integrada por las asociaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Perú), la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos, la Asociación Nacional de la Prensa de Chile o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Sus argumentos coinciden en que el texto legal restringirá las libertades de prensa y de expresión y que eso perjudicará no sólo a los medios y a los periodistas, sino a la democracia y a la vigencia de los tratados sobre derechos humanos.

El gobierno de Estados Unidos -a través del Departamento de Estado y de su embajador en Quito, Adam Namm- también expresó su discrepancia con la ley y la relación que mantiene el Gobierno con la prensa.

Pero el presidente Rafael Correa firmó este viernes el ejecútese a la ley. Antes había respondido que La Rue estaba mal informado, porque, a su juicio, este texto ha sido el más debatido de la historia del país.

La segunda vicepresidenta legislativa, la oficalista Marcela Aguiñaga, tuiteó que la ley se enmarca dentro de todos los tratados internacianales.

La Asamblea con mayoria de Alianza PAIS preve que este lunes se publique la ley en el Registro Oficial, y así “las instituciones y autoridades que deben designar a los miembros para el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación cumplirán esta obligación en el plazo de 30 días”.