En el senado boliviano se va a considerar el proyecto de “ley contra el racismo y toda forma de discriminación”, aprobado en primera instancia por la cámara de diputados. Las disposiciones que contendría la citada ley son muy detalladas y ampulosas y de una enorme diversidad. El proyecto establece los principios a los que la ley se regirá: interculturalidad, igualdad, equidad y protección, y define su campo de acción.

Para los efectos de aplicación e interpretación de disposiciones adopta definiciones sobre discriminación, discriminación racial, racismo, raza, equidad de género, homofobia, transfobia, xenofobia, misoginia, acción afirmativa, acción preventiva y acción correctiva.

Pocos -si los hay- objetarían una ley que tienda a erradicar el racismo y castigar la discriminación. La nítida diversidad de orígenes raciales de la población boliviana, ciertamente ha sido motivo de tensiones que generalmente llevó a la intolerancia que degeneró, en no pocas ocasiones, en discriminación racial. De hecho, se señala que la propia constitución política del Estado, recientemente aprobada, tiene una manifiesta inclinación racista al establecer un sistema paralelo para la justicia llamada originaria, destinado a unos sectores de la población, así como por disponer cuotas raciales en la composición de algunas instituciones, como el tribunal constitucional  y otros. Sin embargo, al margen de ello, esta ley contra la discriminación racial podría constituir un instrumento, no solo para el logro del principal objetivo: prevenir y castigar el racismo y la discriminación, sino también para una futura depuración de otras normas, como las que contiene la constitución, que consagran este tipo de discriminación.

El impacto del proyecto fue inmediato. No se discutieron sus objetivos centrales: la lucha contra el racismo y la discriminación, sino -se dijo- porque se abría la puerta para limitar o controlar a los medios de difusión. Las organizaciones de prensa, se han pronunciado unánimemente contra los artículos que tratan sobre esos medios de difusión. Se dice -con razón- , que son peligrosos para la libertad de expresión, ya que la calificación de racismo y discriminación podría ser tan amplia que se podría usar para combatir a la prensa independiente.

El problema comienza en la parte III, el inciso d): “Disponer que los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos y las nuevas tecnologías de la información y comunicación como el internet, eliminen de sus programaciones lenguajes, expresiones y manifestaciones racistas, xenófobas y otros de contenido discriminatorio”. Esto pone una dosis de susceptibilidad por la constante conducta hostil del gobierno contra la prensa; hostilidad que se manifestó reiteradamente en actos de violencia contra periodistas.

Sin embargo, lo que se señala como de mayor peligrosidad para la libre expresión está en el siguiente artículo de la ley propuesta:

“Artículo 17. (Medios masivos de comunicación) El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujetos a reglamentación”.Si bien se menciona que el eventual cierre de un medio de difusión estaría sujeto a la reglamentación de esta ley, hay profunda desconfianza en que la aplicación de ese reglamento sea ecuánime y justa.

De hecho, se objeta también un curioso “comité nacional contra el racismo y toda forma de discriminación”, aunque las manifestaciones de racismo o de discriminación se incorporarían como delitos en el código penal, y la investigación y el procesamiento corresponderían al ministerio público y a las instancias judiciales ordinarias. Es más: ese comité estaría constituido por un abigarrado conjunto de instituciones, varias de ellas notoriamente alienadas con el actual gobierno.

En la cámara de diputados se impuso a la razón y a las objeciones de la oposición, la mayoría obsecuente. No hay muchas esperanzas que sea diferente en el senado, en el que el gobierno también goza de una mayoría para  aprobar cualquier la consigna oficial. Mientras tanto, aumenta la inquietud de los medios. Y. reiterando, tienen  razón.

Están advertidos de que el designio del oficialismo es la captura de toda la actividad nacional, como lo acaba de afirmar el vicepresidente: “El Estado es dominación, es monopolio. El Estado tiene que concentrar legitimidad, coerción, recursos públicos en un escenario de luchas" (Álvaro García Linera en su participación de la conferencia "El proyecto de Estado plurinacional", organizada por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Boliviana).

El diario "El Deber" de Santa Cruz de la Sierra, el sábado 18.09.2010, publica una nota sobre la inquietud que ha causado este proyecto bajo el título “Periodistas y medios se unen contra artículos de nueva ley”. El siguiente es el mensaje de los hombres de prensa: “Los periodistas y los medios apoyamos la lucha contra el racismo y la discriminación. Al ser intermediarios de la libre expresión no aceptamos ni la cárcel para los periodistas ni el cierre de los medios. Sin libertad de expresión no hay democracia”.

En suma: ley contra el racismo sí, pero no así…