Como le ocurre hasta a los buenos toreros, José Miguel Insulza -el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA)- tuvo una mala tarde en Cartagena de Indias durante la celebración del Foro Económico Mundial (WEF) para América Latina.

La aparición del diplomático chileno en la reunión del WEF era de alguna manera, tras su reelección, un buen termómetro para medir la fortaleza política con que inicia su segundo período y, por lo visto, a las debilidades crónicas del organismo regional ahora habrá que añadir las de su responsable ejecutivo.

El problema hay que plantearlo en tres vertientes. Una, en la evaluación del accionar de Insulza, donde las críticos han puesto el mayor énfasis; otra, en las limitaciones del modelo con que la OEA funciona y, finalmente, en lo que podría hacer una diferencia en los próximos cinco años.

A juicio de numerosos observadores, el primer período de Insulza ha sido todo menos eficaz. Si bien su experiencia política y su imagen progresista supusieron la posibilidad de dotar de nuevos vientos a una entidad envejecida, en el pasado reciente, en realidad, es difícil encontrar algo refrescante que haya ocurrido en la OEA.

Las razones son varias. Por un lado, a pesar del oxígeno que representó la aprobación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) en 2001, es evidente que el mecanismo nunca logró resolver un problema de legitimidad de origen y de ejercicio, porque su creación fue vista con desconfianza y porque en los hechos, en diversos momentos, operó como una oficina de convalidación de decisiones geopolíticas diseñadas y ejecutadas desde Washington en los tiempos del mundo bipolar.

Pero, por otro, Insulza no parece haber hecho mayor esfuerzo para, en un contexto regional relativamente diferente, orientar la acción del organismo de una manera más innovadora en lo conceptual y más efectiva en lo político. Pongamos las cosas de la siguiente manera: con la normalización de las elecciones abiertas, competitivas y justas en casi toda América Latina, los problemas que ahora amenazan la sustentabilidad de la democracia ya no tienen que ver, exclusivamente, con el mantenimiento del orden legal doméstico, sino también -y sobre todo- con la creación de las condiciones económicas y sociales que hagan viable la estabilidad política y el desarrollo institucional de la región.

Pero también es claro que parte de esa consolidación deriva de contener las amenazas procedentes, por ejemplo, del crimen organizado o del uso de recursos “semidemocráticos” -por llamarlos de algún modo- que atentan contra la propia democracia, como ha ocurrido de manera contumaz en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua o Cuba, casos frente a los cuales Insulza y la OEA se han comportado no solo con escasa decisión, sino faltando también a un compromiso verdadero y ejercido con el espíritu de la propia CDI y con los principios democráticos más elementales.

El desplazamiento de Insulza en el esquema negociador de la crisis hondureña -conducido más bien por el presidente de Costa Rica en una primera instancia, y luego por la fuerza de las circunstancias-, no fue un gesto diplomático de discreción táctica impulsado por el propio Insulza, como él afirma, sino la evidencia más severa de que, para todos los efectos, el secretario general había dejado de ser funcional.

Insulza argumenta que la arquitectura de la OEA le impide hacer más en la actual coyuntura latinoamericana, lo cual es una verdad a medias. Veamos: el secretario general de la OEA no es un simple empleado del Consejo integrado por todos los Estados miembros, cuyo papel se reduce a rendirle cuentas administrativas. Es un funcionario internacional que tiene un mandato legal claro -dentro del cual están algunas de sus limitaciones básicas-, y que actúa con base en un diseño institucional ciertamente añejo y disfuncional. Pero, al lado, Insulza tiene también una autoridad moral y un liderazgo político, cualidades donde había generado altas expectativas al principio, y donde, por consecuencia, se han producido las mayores decepciones.

Por ejemplo, el presidente de la televisora venezolana RCTV, Marcel Granier, acudió hace semanas a la sede de la OEA en Caracas para solicitar su “mediación y protección", tras la segunda salida del aire del canal ordenada por el gobierno de Hugo Chávez; tiempo después, otro empresario mediático fue detenido de manera arbitraria. Añádanse las constantes provocaciones de Caracas contra Colombia, cuyo episodio más reciente ha sido el arresto de varios ciudadanos de este país bajo acusaciones ridículas de espiar instalaciones eléctricas (que están todo el tiempo en Google Earth); o los gastos militares innecesarios de Chávez, para no llamarlos “carrera armamentista”, término que Insulza rechaza.

En Bolivia, el presidente Evo Morales insiste en restringir, como ya lo ha anunciado, la libertad de prensa y ahora trabaja con denuedo en una extraña reorganización territorial que generará nuevas y peligrosas tensiones.

En Brasil, el Partido de los Trabajadores deslizó dos meses atrás que si pudieran seguirían los pasos de sus colegas venezolanos en esta materia.

En Cuba, no se conoce exactamente qué ha hecho la OEA en los casos Zapata y Fariñas.

Es verdad que, tal como están sus fundamentos legales, no es mucho el margen de maniobra que tiene el secretario general. Pero política y moralmente Insulza debería haber hecho mucho más -y él es un político pragmático que sabe cómo mandar mensajes claros y cómo operar en coyunturas concretas- ante esos y muchos otros excesos y, en cambio, se ha refugiado en los laberintos normativos de la OEA para eludir su responsabilidad.

No es gratuita, entonces, la percepción que le fue reclamada en Cartagena: que Insulza ha actuado con dos varas y dos medidas en distintos escenarios críticos en la región.

Lo de menos sería la pasividad de Insulza en este sentido. Lo delicado es que tal actitud podría tener otros dos efectos negativos para la modernización política de América Latina y el Caribe. El primero, desde luego, es una peligrosa tendencia a ver actos autoritarios de gobiernos formalmente democráticos como algo natural en el paisaje latinoamericano, sin que ningún gobierno (digamos Brasil o México) u organismo internacional (la OEA) alce la voz so pretexto de que se trata de una cuestión de soberanía y de no intervención en los asuntos internos de un Estado.

Y el segundo es que la naturaleza política (y humana con frecuencia) suele ser más reactiva a los malos ejemplos que a los buenos, y si líderes autoritarios como Chávez, Ortega o Morales pueden actuar como señores de horca y cuchillo, sin que nadie ni nada los detenga, entre otras cosas, porque no solo han concentrado en sus manos las débiles instituciones estatales, sino también corrompido a la sociedad, entonces lo que hoy ocurre en los medios o el equipamiento militar mañana, puede replicarse en cualquier otra cosa.

No hay, pues, ningún secreto en el hecho de que, como afirmó en febrero pasado en Monterrey, Cesar Gaviria, antecesor de Insulza, éste último se haya “quedado solo” en el continente, sin apoyo alguno que haga eficaz su tarea.

Sin embargo, José Miguel Insulza tiene ante sí la oportunidad de vestir su legado de manera más decorosa, haciendo algo que no hizo en los años previos: impulsar una reflexión intensa y creativa sobre cómo articular, en el siglo XXI, la política regional, y tomar la iniciativa de plantearle al Consejo de la OEA y, en su momento, a la Asamblea General, una genuina refundación del organismo que pase por la actualización de sus documentos básicos y de la Carta Democrática, así como por la ampliación de las facultades y responsabilidades del secretario general, a fin de que el organismo sea un apoyo real y no un obstáculo para afrontar los nuevos retos democráticos e institucionales en América Latina y el Caribe.