Miami. Por presunta conspiración para obligarles a trabajar en condiciones de "esclavos modernos", como pago por la deuda cubana con el Estado venezolano por suministro de petróleo, siete médicos y un enfermero cubano demandaron en EE.UU. a Cuba, Venezuela y a la estatal venezolana PDVSA.

Según los profesionales, los países demandados los ubicaron "intencional y arbitrariamente", en "condición de servidumbre por deuda", lo que los convirtió en "esclavos económicos", se señala en el documento de demanda que presentaron en Estados Unidos.

Los demandantes son los médicos Julio César Lubian, Ileana Mastrapa, Miguel Majfud, María del Carmen Milanés, Frank Vargas, John Doe y Julio César Dieguez, y el enfermero Osmani Rebeaux.

Los profesionales solicitan una indemnización que sobrepasa los US$50 millones, indicó Pablo de Cuba, uno de los abogados, informó El Universal.

Agregó que “queremos sentar el precedente de la responsabilidad patrimonial de los estados sobre sus ciudadanos. Esto es una conspiración predeterminada y dolosa de estos gobiernos y de la empresa para someter a trabajo forzoso y servidumbre por deuda a estos médicos”.

Por su parte, el abogado Leonardo Arístides Cantón argumentó que los demandantes viajaron a Venezuela bajo "engaño" y "amenazas" y fueron forzados a trabajar sin límite de horas en la misión "Barrio Adentro", donde hay alta tasa de delitos comunes y políticos, incluyendo zonas selváticas y la "beligerante" de la frontera con Colombia.

Los médicos y el enfermero explicaron que vivían hacinados en residencias alquiladas o en casas de personas afines al gobierno chavista, y trabajaban sin la debida licencia para ejercer su profesión de acuerdo a las leyes del país.

Agregan que sobre ellos había una estricta vigilancia de los organismos de seguridad de Cuba y Venezuela.

Finalmente escaparon a EE.UU.

Esta sería la segunda demanda por presunta "esclavitud moderna" que se interpone en un tribunal de Miami, pues en octubre de 2008, un juez dictaminó que el astillero Curacao Drydock Company debía entregar una indemnización por US$80 millones a tres cubanos que denunciaron haber sido enviados por Cuba a trabajar en la reparación de barcos y plataformas marinas de Curazao en condiciones "inhumanas y degradantes" para pagar deudas de su país.