Reuters.- Más de 2.000 migrantes centroamericanos que buscaban quedarse en Estados Unidos se dieron por vencidos y aceptaron viajes gratis de regreso a sus hogares, un programa de 10 meses financiado por el gobierno de Estados Unidos y gestionado por una agencia de Naciones Unidas, según un funcionario de la ONU.

El programa de "Ayuda al Retorno Voluntario" ha pagado autobuses o vuelos para 2.170 personas que nunca llegaron a Estados Unidos o fueron detenidas tras cruzar la frontera y luego enviados a México para esperar audiencias judiciales, según Christopher Gascon, de la Organización Internacional de Naciones Unidas para las Migraciones (OIM).

El programa de US$1,65 millones, del Departamento de Estado de Estados Unidos, preocupa a los defensores de los migrantes. Afirman que podría violar un principio del derecho internacional que impide devolver a solicitantes de asilo a países donde podrían ser perseguidos.

Los migrantes que regresaron no fueron entrevistados por funcionarios de asilo de Estados Unidos. Pero Gascon dijo que su agencia evalúa a todos los participantes para garantizar que no buscan refugio en ese país y que desean regresar.

"¿Cómo puede ser una decisión voluntaria (regresar a casa) dadas las condiciones que enfrentan en México? Es una elección entre dos infiernos", acusó Nicolas Palazzo, abogado del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, que tiene su sede en El Paso.

Gascon, jefe de la misión de México de la OIM, afirmó que el programa proporciona un medio de retorno más seguro y más humano que el que los migrantes podrían organizar por su cuenta.

La iniciativa, cuyo alcance y aspectos controvertidos no han sido informados previamente, es la primera de gran escala entre el Departamento de Estado y la ONU para migrantes centroamericanos.

El Departamento de Estado no quiso hacer comentarios públicos sobre su papel.

Gascon dijo que el Departamento de Estado contactó a la OIM el año pasado cuando caravanas de miles de migrantes centroamericanos viajaron por México hacia la frontera con Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó las caravanas como una "invasión" y ha convertido la inmigración en una asunto central de su mandato y de la campaña para su reelección en 2020.

Los defensores de los migrantes están particularmente preocupados por 347 personas devueltas por la OIM que quedaron atrapadas en México debido a una controvertida política de Trump conocida como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) y vigente desde el 29 de enero.

Bajo la medida, algunos migrantes que logran cruzar la frontera entre México y Estados Unidos reciben un aviso para comparecer en cortes de Estados Unidos y luego son devueltos a México para esperar que se resuelvan sus casos judiciales, usualmente por meses.

En los últimos siete meses, más de 30.000 migrantes han sido enviados de regreso bajo el MPP, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Los defensores de los migrantes dicen que a menudo los solicitantes de asilo enfrentan peligro e indigencia en las ciudades fronterizas mexicanas, por lo que no tienen buenas opciones.

"¿Cómo puede ser una decisión voluntaria (regresar a casa) dadas las condiciones que enfrentan en México? Es una elección entre dos infiernos", acusó Nicolas Palazzo, abogado del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, que tiene su sede en El Paso.

Además de cualquier peligro que puedan enfrentar en sus países de origen, existe otro inconveniente importante en irse: si no se presentan a una audiencia en la corte de Estados Unidos, se les puede ordenar deportarlos "en ausencia", lo que reduce las probabilidades de que se les otorgue refugio.

Denia Carranza, una hondureña de 24 años que regresó a México para esperar una audiencia judicial programada para octubre, decidió abordar un autobús de regreso a casa la semana pasada.

Carranza contó dijo que ella y su hijo de siete años habían huido de su ciudad natal, dejando un buen trabajo en una empresa que envasa camarones porque pandilleros la amenazaron con matarla si no traficaba drogas a sus compañeros de trabajo.

Esperaba obtener asilo en Estados Unidos, pero estaba asustada en Ciudad Juárez, un campo de batalla de los carteles de la droga, donde la mayor parte de los migrantes esperan audiencias. Además, no tiene trabajo ni forma de mantener a su hijo.

"Tengo miedo de volver a Honduras. Pero tengo más miedo de quedarme", dijo.