-La pregunta obvia: ¿qué pasó en Estados Unidos para que cada vez más gente haya comenzado a darle la espalda a la guerra contra las drogas?

-No tengo respuestas definitivas sino hipótesis en torno a este tema. La primera tiene que ver con la marihuana medicinal. Comenzamos con la primera iniciativa en California en 1996 y hoy tenemos unos 2 millones de estadounidenses en 18 estados que son consumidores legales. Durante este período de tiempo hubo una transformación en la imagen del consumidor en los medios de comunicación, y éste dejó de ser un bohemio de 17 años, y pasó a ser una persona mayor que usa marihuana en vez de un somnífero o un ansiolítico. La gente pudo comprobar que en torno a los dispensarios no hay criminalidad, que pagan impuestos, se crean empleos, etc.

-¿Qué pasará en la relación entre los estados que han legalizado y los que la siguen prohibiendo? ¿Habrá controles fronterizos?

-No hemos visto, hasta donde yo sé, a la policía de un estado persiguiendo a los visitantes de otro estado debido a esto. El punto más complicado es que, en teoría, la marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal. Y ahora viene lo más difícil, porque las leyes aprobadas por los votantes en Washington y Colorado autorizan a los gobiernos locales a desarrollar regulaciones similares a las del alcohol, y ambos tienen que dirigirse al gobierno federal para sondear si los van a dejar hacerlo. Hace dos semanas se le preguntó a Holder (ministro de Justicia de Obama) cuándo tomará una decisión al respecto. Llevaba meses diciendo “luego, luego”, pero consultado sobre cómo basará su decisión, dijo: “Nos focalizaremos en los temas relacionados con la violencia, el crimen organizado y la protección de los menores”. Para mí éstas son buenas noticias, porque  permitirá que la marihuana salga a la luz, permitirá que su potencia sea regulada y etiquetada, de modo que las personas sepan qué están consumiendo. Permite la responsabilidad civil del productor y distribuidor, y además genera recaudación fiscal en vez de un derroche de recursos persiguiendo al mercado clandestino. Pero, como la Casa Blanca no puede unilateralmente  suspender la aplicación de una ley federal, nosotros creemos que lo que va a hacer es decirles a Washington y Colorado: “Resuélvanlo ustedes. Nosotros vamos a estar mirando y no les vamos a dar luz verde, les vamos a dar una amarilla”.

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-¿Y qué ocurre con América Latina? Recientemente hemos visto un gobierno como el de Uruguay anunciando una legalización y después retrocediendo.

-Conozco de cerca la situación en América Latina. Me reuní con el ex presidente Calderón, con el presidente Otto Pérez Molina en Guatemala y con el presidente Santos, y tuve conversaciones muy francas con todos ellos. Un colega mío de la DPA está en Uruguay trabajando con el gobierno con el grupo ProDerecho. Creo que la situación hoy es distinta. El gobierno de Obama no ve con malos ojos este movimiento, pero tampoco está dispuesto a gastar ningún capital político empujándolo. El problema real que enfrentan los presidentes latinoamericanos es la falta de apoyo popular para ir en esta dirección. Es interesante el caso de Calderón: fue por una parte el campeón de la guerra, con 60.000 muertos, pero también cada vez que iba a EE.UU. retaba al gobierno diciéndole: “Si ustedes no pueden reducir la demanda tendrán que considerar alternativas de mercado”. En febrero del año pasado le pregunté si se refería a promover una discusión sobre la legalización y me dijo “¡por supuesto!” Pero el problema es que en México sólo el 30% de la gente apoya la legalización. En Guatemala, donde el presidente Pérez Molina es enormemente popular, su postura respecto de las drogas es la menos apoyada. Santos en Colombia también tuvo que retroceder porque la opinión pública no estaba con él en esto. En Uruguay Mujica también vio que las encuestas le daban sólo un 40% de apoyo a la regulación del cannabis, con una enorme brecha de percepción entre personas mayores y jóvenes. Las personas mayores de 40 años simplemente no entienden por qué querría el gobierno hacer esto.

-Muchos gobiernos afirman que no pueden despenalizar unilateralmente, que se exponen a sanciones…

-Yo creo que hay que separar las cosas: si el tema es regulación legal del cannabis, hay un pequeño margen para que cada país vaya por sí solo. Es lo que está haciendo Uruguay y lo que hizo Holanda hace treinta años. Lo que está haciendo España en cierta medida. Es difícil, la Convención Internacional Antidrogas representa un cierto obstáculo, pero claramente hay espacio para avanzar en esa dirección. En segundo lugar, no hay ningún obstáculo internacional cuando se trata de terminar con la criminalización de la posesión de pequeñas cantidades de drogas y tratar la adicción como un problema de salud. Portugal lo hizo hace 12 años y con éxito. Uruguay está siguiendo el modelo portugués, pero nadie lo dice. Chile podría hacerlo si quisiera y no tendría ningún problema con sus vecinos, ni con Estados Unidos, ni con las convenciones internacionales. La evidencia internacional demuestra que hacer esto no aumenta ni disminuye el número de consumidores, pero reduce significativamente la criminalidad asociada al tráfico ilegal. El único obstáculo internacional se produciría si un país legaliza todas las drogas y las comienza a exportar, pero nadie habla de hacer eso.

-Tengo entendido que hoy, en la Convención Internacional Antidrogas, la voz cantante la tiene Suecia. ¿Es así?

-Hoy son los rusos. Rusia superó a Estados Unidos y hoy es el principal promotor de la visión punitiva de las drogas. El zar antidroga, Ivanov, es un fanático. De hecho recorre América del Sur y Centroamérica llevando este mensaje. La política interna en Rusia consiste básicamente en matar al mayor número posible de gente. Tienen un gran problema de heroína y han prohibido el uso de la metadona, en contra de lo que dice la OMS.