Santiago de Chile, EFE. El gobierno de Chile anunció este viernes que designó a tres expertos internacionales, recomendados por el Banco Mundial y la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat), para revisar el censo de población y vivienda del año 2012, en el que se detectaron varios errores.

El director del instituto Nacional de Estadísticas (INE), Juan Eduardo Coeymans, dijo a los periodistas que se trata del consultor estadístico y ex jefe de la Oficina de Censo de Estados Unidos Rajendra P. Singh, el consultor Griffith Feeney y el experto italiano en censos y miembro de la Unión Internacional para Estudio Científico de la Población (UIECP) Roberto Bianchini.

Ellos iniciarán su trabajo a partir del próximo 2 de septiembre, permanecerán en Chile durante dos semanas, y deberían entregar sus primeras conclusiones en un plazo de entre dos y tres meses, dijo Coeymans, quien leyó un comunicado ante los periodistas.

La necesidad de revisar el censo surgió después que una comisión de especialistas chilenos recomendó repetirlo, por haberse omitido a un 9,3% de la población en la medición del año pasado.

El director del INE dijo hoy que una vez que se conozcan las conclusiones de los expertos internacionales se determinará si se repite o no el censo.

Sólo si después de este trabajo se concluyera que es "estrictamente necesario", se planificará la realización de un nuevo censo, tal como recomendó el anterior comité de expertos, explicó.

Afirmó, en el comunicado, que se harán todos los esfuerzos necesarios para que el proceso realizado el año pasado, "con todas las reparaciones que se le tengan que introducir", entregue las garantías necesarias para el diseño de las políticas públicas del país.

"Para este trabajo, el INE ha elaborado un plan preliminar con posibles opciones para realizar reparaciones al Censo del 2012, el que será analizado y discutido por estos expertos internacionales, quienes, eventualmente, nos propondrán otras alternativas", dijo.

En Chile, hasta ahora, los censos, realizados cada diez años, se hacían en un día, que era declarado festivo y con encuestadores voluntarios, pero el de 2012 se prolongó durante tres meses, estuvo a cargo de 14.000 censistas remunerados y tuvo un costo total de US$60 millones.

Las irregularidades en el proceso se conocieron el pasado abril a raíz de una denuncia periodística y derivaron en la renuncia de su entonces director, Francisco Labbé.

Según la denuncia, Labbé decidió presentar los 16.600.000 habitantes "estimados" en el último censo como efectivamente censados, aunque en la práctica se encuestó a unas 900.000 personas menos (5,4%).

El pasado 7 de agosto, una comisión de cinco expertos nacionales consultados por el gobierno estimó que el porcentaje de población no censada fue mayor y lo cifró en un 9,3%.

Esa comisión recomendó que las cifras recogidas no se empleen como datos oficiales y aconsejó realizar una nueva medición, de carácter abreviado, en 2015.

Tras conocer estas conclusiones, el presidente Sebastián Piñera pidió perdón por los errores cometidos.