Penas de hasta medio siglo para los traficantes de droga y tipificación de nuevos delitos contempla la propuesta de la nueva ley contra el narcotráfico.

El presidente Lobo recibió la semana pasada el documento de parte de la Comisión Interinstitucional para la Revisión de la Legislación Nacional en Materia del Narcotráfico mediante el cual se plantean un endurecimiento de las penas para los que cometan delitos relacionados al tráfico de droga.

El Heraldo tuvo acceso exclusivo a esta nueva propuesta. La propuesta se denomina Ley de Protección a la Seguridad Nacional en el Combate al Tráfico de Drogas y sus Delitos Precedentes y Conexos, con la que se pretende sustituir a la actual Ley sobre Uso Indebido y Tráfico de Drogas y Sustancias Psicotrópicas En el capítulo VI sobre Delitos, Penas y Medidas de Seguridad, artículo 22, se propone que la condena por tráfico de droga sea de 20 a 50 años, más sanciones de 5 a 10 millones de lempiras.

La condena en la ley actual oscila de 15 a 20 años y una multa de hasta un millón de lempiras. En la propuesta se define como tráfico quien sin autorización legal adquiera, enajena a cualquier título, importe, exporte, distribuya, suministre, venda o realice otra actividad de tráfico como drogas, estupefacientes, psicotrópicas, semillas, hojas, o precursores. En esta ley se hace la definición de 28 tipos de sustancias o plantas consideradas narcóticos cuya venta, producción y comercialización está prohibida.

Otras penas. Las personas que ilícitamente siembren, planten, cultiven, o cosechen partes de plantas consideradas drogas ilícitas se les impondría una pena de 9 a 12 años, la misma que estipula la ley vigente, pero aumenta el monto de la multa, pues actualmente es de 5 y 25 mil lempiras y subiría de 50 a 100 mil lempiras. Mientras, los que fabriquen ilícitamente drogas estupefacientes o sustancias controladas que produzca dependencia, sería castigado con reclusión de 12 a 18 años y multa de 100 a 200 mil lempiras.

La pena actual por ese delito es de 9 a 12 años y sanción económica de 100 a 200 mil lempiras.

Dosis de consumo. La propuesta de ley amplía el concepto sobre dosis de consumo personal de droga que ahora las narcos no usen como excusa que las sustancias que se les encuentren es para consumirlas. Se especifica cuándo una droga es considera dosis o tráfico y las respectivas penalidades. El artículo 26 de la ley contra el narcotráfico dice que se considera dosis de consumo la que sea para “uso personal inmediato, de acuerdo a la certificación del departamento médico legal del Poder Judicial.

2787

En el anteproyecto se dice que se entenderá como dosis de consumo “la cantidad de estupefacientes, psicotrópicos, u otras drogas que la persona pueda consumir en 24 horas en base a dictamen médico legal. Esto implica que se evaluará la condición física de la persona (contextura estatura, peso, estado de salud) para determinar si la cantidad de droga que se le encontró la puede absorber su cuerpo en un día. Si el dictamen médico determina que la dosis encontrada excede la que la persona puede consumir en un día se le pueden imponer multas y penas de 6 a nueve años de cárcel, según la cantidad que se le decomise.

Así, por ejemplo, si la cantidad de droga incautada a una persona sobrepasa la dosis para consumo, pero no excede los 500 gramos de marihuana, 100 gramos de hachís, 50 gramos de cocaína y 10 de amapola, entre otras, sufrirían penas de 6 a 9 años y multas de 70 mil a 300 mil lempiras. Igualmente, si la sustancia decomisada excede la dosis de uso personal pero sin pasar los 1.000 gramos de marihuana, 200 de hachís, 100 de cocaína, 20 de amapola la pena sería de 9 a 12 años y multas de 100 mil a 500 mil lempiras.

En el caso de que la droga incautada pase de estos últimos niveles, entonces se consideraría tráfico de droga penado con la sentencia de 50 años mencionada anteriormente.

Honduras es utilizada como puente para el tráfico de drogas que pasa de países de origen como Colombia y Venezuela y hasta Estados Unidos, principal mercado de consumo en el mundo. Estados Unidos ha calculado que el 85% de la droga que se transporte por vía aérea hacia esa nación pasa previamente por Honduras, principalmente por Gracias a Dios, Olancho y Colón.

Informe. La Comisión Interinstitucional para la Revisión de la Legislación Nacional en Materia del Narcotráfico está integrada por la Secretaría de Defensa, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, ente otros. Este ente trabajó de 2010 a 2012 en la elaboración de la propuesta y a finales del año pasado había presentado una versión al Poder Judicial.

Tras hacer una revisión del documento, la Comisión entregó una copia de la propuesta al mandatario quien, según supo El Heraldo, se comprometió a enviarlo al Congreso Nacional para su discusión. El proyecto cuenta con 95 artículos , mientras que la ley antinarcotráfico tiene 44 artículos y data desde 1989.

Esta legislación ha quedado desfasada por la evolución que han tenido las bandas de narcotraficantes. Las penas impuestas en la legislación vigente no han servido de disuasivo contra este flagelo, sumado a que pocos son los capos que son llevados ante la justicia. Ahora se pretende endurecer las sanciones contra los traficantes de droga y para ello se copiaron algunas puntos de legislaciones de otras naciones como Colombia, México y República Dominicana.

Más sanciones. En el artículo 26 de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Drogas se establece que cuando dos o más personas se organizan para la comisión de los delitos establecidos en la presente Ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal (la pena principal es de 30 años). Pero en el anteproyecto, según artículo 27, se estipula que los que se organicen “por sí o por interpósita persona con el propósito de conspirar para cometer cualquier delito tipificado en esta ley” será sancionados con pena de 10 a 15 años y multa de 1 millón a dos millones de lempiras. Igualmente, se incrementan las sanciones económicas para las personas capturadas con dosis de consumo y se fija la obligatoriedad de que los familiares del drogadicto se hagan cargo de su rehabilitación o deberá de pagar una fianza si quiere evitar que el enfermo sea internado.