Managua. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición nicaragüense presionaban este martes al gobierno de Daniel Ortega para que libere a la totalidad de los denominados "presos políticos" que todavía permanecen tras las rejas, luego que su administración excarcelara a cientos en días recientes.

La Alianza Cívica, que agrupa a las fuerzas de oposición, anunció un paro nacional a partir de este jueves, pidiendo la excarcelación de los denominados "presos políticos", que el Gobierno cifra en 132 y sus adversarios en más de 500.

"Este será un paro cívico y pacífico que abarca todo el territorio nacional y todas las actividades económicas", aseguró un grupo de empresarios en un comunicado.

Por su parte, el Consejo Permanente de la OEA aprobó este martes una resolución para pedir al presidente Daniel Ortega, que cumpla lo pactado en el diálogo con la oposición y proceda a la "liberación incondicional de todos los presos" antes del 18 de junio.

La resolución, impulsada por Canadá, se aprobó con el voto a favor de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA, mientras que tres se opusieron, entre ellos Nicaragua, diez se abstuvieron y la misión de Trinidad y Tobago no estuvo presente.

Este lunes, el Gobierno excarceló a 100 reos, considerados "presos políticos" por la oposición, luego de que la oposición abandonó el diálogo.

La iniciativa busca presionar a Ortega para que cumpla con el plazo que acordó con la oposición para liberar antes del 18 de junio a todos los manifestantes antigubernamentales detenidos en el marco de la crisis que estalló en abril de 2018 y que ha dejado cientos de fallecidos.

Este lunes, el Gobierno excarceló a 100 reos, considerados "presos políticos" por la oposición, luego de que la oposición abandonó el diálogo.

Las tensiones volvieron a caldearse en Nicaragua luego de que la semana pasada un opositor encarcelado murió de un disparo en un incidente confuso en una cárcel de Managua.

Ortega, de 73 años, vive su peor crisis política desde que retomó la presidencia en 2007. Masivas protestas exigiendo su renuncia fueron reprimidas por la fuerza pública y, según diversos organismos de derechos humanos, han causado la muerte de más de 320 personas desde abril de 2018.