Las diferentes protestas sociales, de campesinos y mineros artesanales, que se han presentado en varias regiones de Colombia han sido promovidas por la oposición y los grupos irregulares, que buscan desprestigiar al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y su eventual reelección, según señalaron analistas consultados por Xinhua.

Desde hace 50 días, los campesinos de la región del Catatumbo (noreste), en el departamento de Norte de Santander, iniciaron marchas y mantienen bloqueada una importante carretera que deja incomunicada a varias localidades, entre ellas Tibú, donde se han presentado fuertes disturbios entre los labriegos y las autoridades.

Según la Defensoría del Pueblo, las manifestaciones han dejado cuatro campesinos muertos, cinco personas con mutiladas y unas 55 personas heridas, entre ellas 20 policías y 35 manifestantes. Además, dos camarógrafos resultaron heridos durante los disturbios.

Los labriegos están realizando varias exigencias al gobierno, entre ellas que se declare zona de reserva campesina esa área del departamento de Norte de Santander, donde hay una alta presencia de la guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de cultivos de hoja de coca.

La zona de reserva campesina son terrenos baldíos que entrega el gobierno a campesinos sin tierras, pero la propiedad es comunitaria y los labriegos no la pueden vender solamente cultivarla. Actualmente, hay seis áreas campesinas ubicadas en regiones de alta presencia de grupos alzados en armas. La iniciativa es rechazada por el gobierno de Santos.

El presidente Santos exigió a los campesinos del Catatumbo desbloquear una carretera para iniciar negociaciones, pero los labriegos han rechazado esa propuesta.

Entretanto, el analista Pedro Villamizar afirmó que el gobierno de Santos está tratando de resolver los problemas sociales en el Catatumbo, pero las FARC están jugando un doble papel, pues mientras apoyan desde Cuba -sede los diálogos de paz- las protestas de los labriegos, "están moviendo sus fichas" para evitar que se suspenda la protesta en esa región.

"Las FARC están aprovechando la coyuntura para promover las protestas sociales y dejar 'mal parado' al gobierno de Santos. Además, están tanteando el terreno cuando hablan de temas políticos desde La Habana, pues desean saber cómo sus conceptos son recibidos por la opinión pública en general", dijo Villamizar en entrevista con Xinhua.

Entretanto, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, afirmó que el gobierno del presidente Santos respeta la protesta social, pero rechaza la violencia y las vías de hecho que han tenido los manifestantes contra las autoridades.

"Nosotros como gobierno protegemos la protesta social, creemos en la protesta social. Lo que hay que erradicar es la acción de los violentos y de los grupos violentos aprovechando e irrespetando la protesta social (...) por eso hemos dicho: levanten los bloqueos y dejen de atentar contra los derechos de la población y vuelvan a la mesa de diálogo", afirmó el funcionario a periodistas.

Carrillo dijo que las FARC "se han aprovechado" de la protesta social para infiltrarla y la única manera de contestarle es que les "caiga todo el peso de la ley".

A su turno, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo al Congreso que el gobierno no permitirá una zona de reserva campesina en un área donde hay cultivos ilegales y hay alta presencia de los grupos ilegales.

Por su lado, el politólogo Fernando Giraldo declaró que otros sectores sociales aprovecharían la situación actual para promover próximos paros, como sería el caso de los camioneros y posiblemente los caficultores, quienes anunciaron protestas para agosto si el gobierno les incumplía acuerdos pactados previamente.

"La izquierda y la derecha extrema (ideológica) van a aprovechar esta situación en momentos en que hay campaña electoral si él (Santos) aspira nuevamente a la reelección", declaró el analista en entrevista con Xinhua.

Villamizar y Giraldo coincidieron en señalar que la oposición utilizará sus "armas" para desprestigiar al gobierno de Santos en vísperas en que se espera conocer si el mandatario aspira o no a un nuevo mandato.