El informe que analiza el pleno de la Asamblea Nacional al proyecto de ley de Incentivos para el Sector Productivo tiene cinco cambios a la propuesta gubernamental enviada el 9 de julio pasado con el carácter de urgente en materia económica. De ellos, uno es de redacción, dos aclaratorios y dos de actualización con terminología de carácter estadístico.

La Asociación de Productores y Exportadores de Flores (Expoflores), la Federación de Exportadores (Fedexpor), la Federación de Cámaras de Industrias, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (Adile) fueron recibidos por los integrantes de la Comisión de Régimen Económico para escuchar sus puntos de vista. Solo el último gremio ha manifestado su conformidad con la iniciativa del Ejecutivo.

Las otras agrupaciones insistirán en el afán de que sus propuestas sean incluidas.

Fedexpor realizará gestiones con el Ministerio de la Producción o la Secretaría Jurídica de la Presidencia para ver si tienen eco en su cometido antes del segundo debate. Su titular, Felipe Ribadeneira, sostuvo que sus inquietudes le fueron transmitidas al ministro de Comercio, Francisco Rivadeneira, en una cita que mantuvieron el pasado jueves en Guayaquil.

“Se conversó bastante de estas observaciones, él estuvo de acuerdo con la mayoría, el tema ahí es ver esas posibilidades que se incluya”, expresó.

Fedexpor hizo siete observaciones, entre ellas: la necesidad de contar con la participación privada dentro del Comité Administrativo del Certificado de Abono Tributario (CAT) o la emisión automática del CAT en un plazo máximo de 24 horas.

En tanto, al CEE le interesa formar parte del grupo de redacción del reglamento.

El director de ese gremio, Roberto Aspiazu, indicó que la parte del procedimiento es preferible que se plasme en el reglamento y no en la ley. “Porque, de otra manera, eso significaría generar rigideces, que de pronto ya en el plano operativo significaría una dificultad mayor en cuanto a reforma si son parte de la ley... siempre es más fácil reformar un reglamento”.

El ministro de la Producción, Richard Espinosa, dijo el 3 de julio pasado que el reglamento ya se lo estaba elaborando.

El pleno también trata hoy el informe de la proforma.

Algunos cambios: A primer debate

Artículo 7

El proyecto original impedía conceder abonos tributarios si las exportaciones cuentan con la intermediación de agentes o personas domiciliadas en territorios considerados por el SRI como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales. La mesa de Régimen Económico incluye: “cuando las exportaciones que se realicen tengan como destino final territorios considerados por el SRI como paraísos fiscales...”.

Artículo 14

La mesa legislativa también propone que los certificados de Abonos Tributarios podrán usarse para “cancelar cualquier obligación con la Administración Tributaria Central”. El texto original sugería que los certificados podrían ser usados “para cancelar cualquier obligación de carácter fiscal”.