Lima, EFE. El partido Gana Perú, en el gobierno, presentó este jueves un proyecto de ley que busca la inhabilitación perpetua en cargos de la administración pública de sentenciados por delitos de corrupción agravada.

La iniciativa, conocida como "muerte civil", busca declarar incapaces a quienes no hayan cumplido con la reparación civil y la indemnización después de haber recibido una sentencia por corrupción.

El legislador Juan Pari atendió el pedido del presidente Ollanta Humala, quien pidió la "muerte civil" de los sentenciados por corrupción y que no prescriba ese delito, durante su discurso por las fiestas de independencia, el fin de semana pasado.

"El que roba al Perú roba a todos los peruanos, y lo que queremos (con esta ley) es hacer del Perú un país decente, digno y sin impunidad", indicó Humala en esa ocasión.

En el proyecto se establece que los sentenciados no puedan efectuar ninguna acción civil como firmar documentos, contratos y préstamos, entre otros, hasta abonar la totalidad de sus deudas.

La iniciativa se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso donde será debatida y, de aprobarse, será llevada al pleno, en donde en 2011 se rechazó un proyecto similar.

Según Pari, citado por la agencia oficial Andina, de los más de 1.300 millones de soles (US$465,9 millones) que se debe al Estado por casos de corrupción, sólo se ha pagado el 10%, al no existir una sanción o consecuencia.

Pari señaló que si este proyecto hubiera estado en vigor hace años, el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos y corrupción, no hubiera podido solicitar en octubre pasado el indulto humanitario, pues no ha cumplido con la reparación civil que tiene pendiente.

El indulto, en cualquier caso, le fue denegado.

Según el procurador anticorrupción Julio Arbizu, Fujimori debe al Estado peruano 27 millones de soles (unos US$10 millones) por concepto de reparación civil.

Otros dos expresidentes peruanos, Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011), vienen siendo investigados por delitos de corrupción; el primero por las compras inmobiliarias millonarias de su suegra en Perú, y el segundo por la adquisición de una costosa vivienda en el distrito limeño de Miraflores.