Bogotá. La propuesta del presidente de Colombia, Alvaro Uribe, de vincular a 1.000 estudiantes de la ciudad de Medellín como informantes pagos de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen, desató el miércoles una polémica y críticas de políticos y grupos de derechos humanos.

En Medellín, la segunda ciudad más poblada de Colombia con alrededor de 3 millones de habitantes, se registraron el año pasado 2.178 homicidios, un aumento del 108% frente a los 1.044 en 2008, de acuerdo con estadísticas oficiales.

Uribe ofreció 50 dólares mensuales a cada estudiante que aporte información en la lucha contra el delito en Medellín.

El gobierno ordenó reforzar la seguridad de la capital del departamento de Antioquia, antigua sede del cartel de las drogas que dirigió el narcotraficante Pablo Escobar, con 1.300 policías, 160 soldados y 137 investigadores.

El mandatario, quien aún no ha informado públicamente si será candidato en las elecciones de mayo, en la eventualidad de que la Corte Constitucional declare legal un referendo que busca habilitarlo, impulsa una ofensiva militar contra la guerrilla y el narcotráfico desde que asumió en el 2002.

"Ponen a la población civil en la condición de subordinados de la Fuerza Pública, de apoyo militar lo cual va en contra del principio de distinción entre civiles y combatientes que tiene que predominar en una sociedad democrática", dijo Gustavo Gallón, director de Comisión Colombiana de Juristas.

Uribe, un abogado de 57 años, aumentó el gasto militar, el número de efectivos de las Fuerzas Armadas, incorporó civiles como informantes y ofreció el pago de recompensas como parte de su estrategia de seguridad apoyada por Estados Unidos.

La ofensiva obligó a las guerrillas izquierdistas a un repliegue en apartadas zonas montañosas y selváticas, mientras se redujeron los asesinatos, las masacres, los secuestros y los ataques explosivos contra la infraestructura económica.

Sin embargo, en los últimos meses se incrementaron los índices de violencia en ciudades como Medellín, debido al desempleo y las disputas entre grupos de narcotraficantes conformados por antiguos paramilitares de ultraderecha, de acuerdo con investigadores sociales.

El candidato presidencial del Partido Liberal, Rafael Pardo, dijo que la propuesta de Uribe muestra la desesperación del mandatario por recuperar el control de una ciudad que está bajo el poder de los grupos armados ilegales.

El analista de temas de conflicto León Valencia advirtió que la propuesta de Uribe podría aumentar la violencia.

"Eso es echar más leña al fuego, Es mandar al sacrificio a los integrantes de uno de los sectores que, aunque han sido tocados por el conflicto, no han resultado hasta el momento tan afectados", explicó.

El presidente de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Guillermo Baquero, calificó la propuesta como una salida militarista que no contribuirá a disminuir los índices de violencia.