El presidente de Ecuador, Rafael Correa, sancionó este viernes la Ley de Comunicación aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional (Congreso), que ha sido duramente criticada por la oposición, gremios periodísticos de derecha y medios extranjeros.

El mandatario puso el ejecútese a la Ley sin veto (objeción) durante la grabación de su informe semanal de labores, que se emite este sábado, con lo que pasará a ser publicada en el Registro (Diario) Oficial para que sea promulgada.

La normativa fue aprobada con los votos de una amplia mayoría oficialista en la Asamblea y sectores afines al gobierno, después de permanecer estancada en el Parlamento durante cuatro años.

La víspera, el gobierno dijo que la ley "representa una contribución para la democracia y para fortalecer el acceso a la información veraz y oportuna" en el país, donde el presidente Rafael Correa, tilda de "corrupta" y "mercantilista" a la prensa privada de derecha por tergiversar la información.

La ley "empodera al ciudadano para que pueda defenderse de los abusos de cierta prensa", ha dicho Correa, enfrentado con un sector de la prensa desde 2007 en que llegó al poder.

El mandatario sancionó la ley pese a la preocupación expresada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue.

Este último, recomendó a Correa que no sancione la ley sino que la envíe de regreso al Parlamento para ser más ampliamente discutida, pero el gobernante consideró aquello un "absurdo", ya que la ley fue ampliamente debatida.

Otros gremios y diarios a nivel mundial también han expresado su temor sobre la ley, pues creen que ejercerá la censura en los medios de comunicación y podría restringir la libertad de la prensa en Ecuador.

La Ley, impulsada por el gobierno de Correa, establece una distribución equitativa de frecuencias de radio y televisión, crea un Consejo de Regulación de Contenidos y una Superintendencia de la Información, una instancia de vigilancia, auditoría y control con capacidad sancionadora.

Además, prohíbe el linchamiento mediático dirigido a desprestigiar a una persona natural o jurídica o a reducir su credibilidad pública.