Asunción.- El sacerdote paraguayo Pedro Robadín presentó ante el Ministerio Público de Paraguay, una denuncia contra el presidente Fernando Lugo, por los decretos que autorizaron el proceso de refulado (reducción de erosión) y extracción de arena del cauce del río Paraná en varios yacimientos naturales.

Estos decretos habrían permitido operar a varias empresas argentinas, perjudicando a las paraguayas que se dedican a esta actividad de manera tradicional, en la localidad de Reencarnación.

El plan de Terminación de Yacyretá (PTY) fue ratificado por el Acta de Acuerdo suscrito entre Julio De Vido, ministro argentino de Planificación, y Efraín Alegre, ministro paraguayo de Obras Públicas, el pasado 6 de enero de 2009, en Buenos Aires.

Según lo publicado por Última Hora, Walter Cardozo, abogado de Robadín, explicó que el argumento de la denuncia, tanto contra Lugo como contra Alegre, se basa en que el acuerdo del 6 de enero del año pasado se sustenta en la Nota Reversal del 9 de enero de 1992, referida a la tarifa y financiamiento del Proyecto Yacyretá que fijará, arbitrariamente y contra estipulaciones del tratado, el costo de suministro de electricidad a ser pagado por la entidad administradora de los servicios eléctricos a cada país en US$0.030/Kwh, desde el inicio de la generación, independientemente de la cota de agua en la altura de la represa, y hasta 2048, considerado este periodo como el último año de vida útil de la represa.

Cardozo considera la ejecución del proyecto como un subsidio al Estado argentino en detrimento de los intereses paraguayos, por ello solicitó a la Fiscalía la paralización del PTY y la imputación del presidente Lugo. Agregó que la ejecución del denominado Plan de Terminación, conocido como PTY, es ilegal, puesto que implica la aplicación de los términos del preacuerdo que no fue aprobado por el Congreso.