Los tiempos para alcanzar el acuerdo final para la terminación del conflicto que se negocia en La Habana (Cuba) tienen enfrentados al gobierno Santos y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La evidencia salió a flote este jueves cuando al término del decimocuarto ciclo de conversaciones el vocero del Ejecutivo, Humberto de la Calle, con resaltado de “franqueza a la opinión pública”, manifestó que el pacto con las FARC es llegar a un acuerdo “de manera expedita y en el menor tiempo posible”. Es decir, dejó evidenciar que busca un pronto desenlace en Cuba.

No obstante, del otro lado, las FARC exteriorizaron sus ya habituales críticas al Marco Jurídico para la Paz, al que llamaron “un estorbo en los esfuerzos para terminar el conflicto armado”; y al proyecto de ley del referendo por la paz que se tramita en el Congreso, al que denominaron “iniciativa unilateral fuera de lugar”. La delegación de la guerrilla, al contrario de la premura con que el gobierno pretende que avancen los diálogos, dejó entrever que no tiene afán en la negociación y que espera la presencia de los partidos políticos.

Lo cierto es que después de cinco rondas debatiendo el segundo punto de la agenda, referente a la participación política, no ha sido posible llegar a un acuerdo en este aspecto. Hace once meses se iniciaron formalmente los diálogos en La Habana y sólo se ha logrado un acuerdo parcial en el tema agrario. Hace tres meses debaten sobre participación política, pero las FARC no han dejado de descalificar la vía de justicia transicional por la que el gobierno pretende enrutar el proceso, respetando los derechos de las víctimas.

A su vez, la guerrilla insiste en que esa vía es inoportuna, y este jueves reiteró que constituye un desacierto “colocar en condición de victimario unilateral al movimiento guerrillero, a sabiendas de que las víctimas lo son del conflicto”. El ex ministro Humberto de la Calle le salió al paso comentando que una cosa es el esfuerzo de las FARC para ampliar y difundir su agenda política, y otra es “el exceso de retórica sobre los más variados aspectos de la vida nacional, que nada tienen que ver con la agenda ni con el trabajo que se hace en La Habana”.

Con cierto tono de insatisfacción, De la Calle admitió que falta eficacia en las conversaciones y que se buscará avanzar de manera efectiva en el próximo ciclo. Con un agregado que prueba el afán del gobierno: “La paciencia de los colombianos no es infinita”. La razón no es otra que el calendario electoral que ya apremia y deja conocer a los primeros aspirantes al Congreso. De hecho, este jueves el mismo el ex presidente Álvaro Uribe calificó los diálogos de La Habana como “el proceso de recuperación del poder de los violentos”.

El nuevo ciclo de conversaciones comenzará el 3 de octubre, apenas un mes antes de que se cumpla el plazo con que el presidente Santos contaba para tener listo el acuerdo de terminación del conflicto. La misma fecha prevista para el momento de decirle al país si aspira o no a un nuevo mandato presidencial. Un cruce de expectativas que evidencia que la pelea de fondo ahora son los tiempos. El Ejecutivo busca un acuerdo mínimo para tranquilizar a la ciudadanía. Las FARC prefieren alargar. La política se atraviesa en los cálculos.

Por ahora, en las próximas semanas, se realizarán dos foros más en Colombia, esta vez sobre el problema de las drogas ilícitas. El primero será en Bogotá del 24 al 26 de septiembre, y el segundo, en San José del Guaviare, en la primera semana de octubre. De manera paralela, el presidente Juan Manuel Santos viajará a Washington, donde buscará ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la comunidad internacional entienda las razones para respaldar el proceso de paz en Colombia antes que insistir en obstáculos jurídicos.

En otras palabras, una forma de decirle a la comunidad internacional que Colombia no puede supeditar su anhelo de paz a todas las exigencias judiciales de los tribunales, en especial de la Corte Penal Internacional. La idea es que el mundo rodee los intentos de paz en Colombia y le permita al gobierno tener un margen de maniobra que blinde los acuerdos a los que se llegue con las guerrillas. Por ahora el tema no ha llegado a esas esferas y el debate es un asunto interno, al que el calendario electoral afecta directamente.