El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en Managua, Juan Bautista Arríen, reconoció el derecho de Nicaragua sobre una parte de la Reserva de la Biósfera "Seaflower" en el Caribe, controlado hasta el año pasado por Colombia.

"Todo lo que está en la plataforma marítima de Nicaragua, es de Nicaragua y la reserva 'Seaflower' está en parte de la plataforma marítima de Nicaragua", declaró Arríen al Canal 12 de la televisión local en alusión al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de noviembre de 2012 sobre el diferendo entre Nicaragua y Colombia.

Arríen sostuvo que Nicaragua tiene todos los derechos sobre esta reserva, por lo tanto se tomaron algunas medidas conducentes para generar espacios de investigación.

En caso de que la reserva está compartida, tanto en territorio nicaragüense como en colombiano, se debe actuar de conformidad con los marcos jurídicos-legales señalados por la CIJ de La Haya, explicó.

"Habrá que negociar, (para saber) qué hacer con la reserva, cómo cuidar la reserva, cómo constituirla en fuente de investigación. Yo sé que Nicaragua ha tomado algunas medidas justamente relacionadas con crear en esa zona un centro de investigación", aseguró.

Arrién recordó que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ratificó su intención de cuidar y mantener la reserva "Seaflower", declarada Reserva de la Biósfera por la Unesco en el año 2000.

"Sería un disparate eliminar esa Reserva de la Biósfera, justamente por razones de petróleo. Y el presidente (Daniel Ortega) ya lo ha dicho, es una razón más para confirmar que esta zona es de Nicaragua", manifestó.

El representante de la Unesco dijo que Nicaragua está en la mejor disposición de dialogar con el gobierno de Colombia en relación al cuidado y la conservación de este reserva, además de la concesión de los derechos de navegación y labores de pesca en la zona.

En noviembre de 2012 la CIJ con sede en La Haya, Holanda, otorgó a Nicaragua lasoberanía sobre una zona de más de 90.000 kilómetros cuadrados en el Caribe, sentencia que el gobierno de Colombia, cuestiona por considerar que contiene omisiones, errores e inconsistencias.