Bogotá. El presidente colombiano, Alvaro Uribe, cuestionó a los jueces que por vencimiento de términos dejaron libres a 17 militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, en el escándalo de los falsos positivos, y a otras personas con supuestos nexos con la guerrilla.

Uribe dijo que la impunidad de esos delitos afectaba a la democracia.

La principal preocupación para el mandatario es el temor de que las decisiones judiciales afecten a nivel internacional la imagen del Estado colombiano, que puede ser visto como promotor de la impunidad, admitieron fuentes del gobierno.

La semana pasada, un juez ordenó la libertad de 17 militares acusados de estar implicados en la desaparición y posterior asesinato de tres jóvenes de un sector obrero ubicado en el sur de Bogotá.

Previamente, otro juez dejó libres a varias personas acusadas de pertenecer a las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluido un supuesto comandante sindicado de secuestros.

En ambos casos, los jueces alegaron vencimiento de términos, es decir, que los acusados no fueron llamados a juicio dentro del tiempo fijado por la ley.

Daño a la democracia. "Dar libertad por vencimiento de términos en casos de crímenes graves afecta tanto a la democracia, como dar libertad en delitos de lesa humanidad con base en la figura de la prescripción", dijo un comunicado del gobierno.

"Hoy, las democracias niegan la prescripción frente a delitos atroces. En la misma forma se debe negar el vencimiento de términos”, agregó.

Uribe sostuvo que, cuando con la misma figura se concede libertad a integrantes de las Fuerzas Armadas, estas sienten afectado su honor, que sólo se salva con decisiones justas y de fondo que absuelvan o condenen.

"Alegar vencimiento de términos hace daño a la credibilidad pública y, en el caso de las Fuerzas Armadas, cuando el vencimiento de términos da libertad a terroristas, desestimula el sacrificio de militares y policías que los capturaron", dijo el gobierno en su comunicado.

Para Uribe, la recuperación de la seguridad, que admitió es fundamental para Colombia, requiere la superación total de la impunidad.

Pese a los esfuerzos del gobierno para fortalecer el sector judicial, la impunidad es uno de los principales problemas que sigue aquejando a la administración de justicia en este país sudamericano de más de 44 millones de habitantes.

El Ministerio de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares ordenaron el fin de semana el confinamiento de los 17 efectivos del Ejército beneficiados con la decisión del juez mientras avanza el proceso a otra instancia.