Montevideo, EFE. El plan oficialista de legalizar la marihuana en Uruguay y las crecientes restricciones del gobierno al tabaco y al alcohol son vistas por expertos y opositores como una paradoja, mientras las autoridades las defienden como una política coherente de seguridad y salud pública.

El politólogo Juan Carlos Doyenart, de la firma de encuestas Interconsult, opinó este viernes en declaraciones a Efe que "es innegable que existe una contradicción" en esas políticas gubernamentales.

"El Frente Amplio (el partido oficialista de izquierda) ha seguido criterios políticos diferentes para una cosa y para las otras" con "el argumento de que legalizar la marihuana permitirá al Estado arrebatarle la circulación de esa droga a los cárteles y que los consumidores no sean tentados a obtener otras más nocivas, como la pasta base de cocaína", remarcó a Efe.

Esta última droga, más barata y adictiva que la marihuana, ha hecho estragos en los últimos años en el país y es considerada una de las razones del incremento de la inseguridad en las calles.

Para el diputado Daniel Radío, del opositor Partido Independiente, en Uruguay la marihuana estaba rodeada de incongruencias, pues el consumo era legal pero el acceso ilegal.

Sin embargo, la sociedad debería preguntarse ahora "quién es el legislador para decirle a un ciudadano que no tome cerveza o no fume tabaco o marihuana porque le hace daño a la salud", advirtió Radío durante la sesión en que se aprobó el proyecto el miércoles.

El parlamentario se quejó de que "para fumar tabaco tienes que ser poco menos que 'zapatista' y andar con un pasamontañas y, sin embargo, se le dice a la gente por televisión que el deportista de mayor rendimiento en el partido es el jugador 'Mac Pay'", un whisky producido por el Estado.

También cree que con la misma lógica habría que aplicar restricciones a la sal de mesa, que "es el veneno del mundo contemporáneo y a nadie se le ocurre prohibirla".

Uno de los impulsores de la legalización de la marihuana dentro del oficialismo, el diputado Julio Bango, recalcó a Efe que la medida no es una "liberalización del consumo sino una alternativa al narcotráfico a través de un mercado regulado".

El plan oficialista pretende legalizar la compraventa y el cultivo de marihuana, y establece la creación de un ente estatal regulador que se encargaría de emitir licencias y controlar la producción y la distribución de la droga.

Los consumidores previamente registrados podrán comprar marihuana en farmacias especialmente habilitadas, hasta un máximo de 40 gramos por mes, o cultivar en casa hasta seis plantas que produzcan no más de 480 gramos por cosecha.

Bango detalló que para la producción, además de los clubes particulares, se darán "licencias a productores agrícolas que quieran producir como se hace con el vino", aunque con "un volumen acotado para abastecer al mercado actual", que él calcula en una superficie de menos de 50 de los 17 millones de hectáreas del país.

"No vamos a producir para expandir el mercado de consumidores", aclaró el legislador, antes de añadir que los 40 gramos que podrá adquirir un ciudadano registrado "dan para una cantidad suficiente para que un fumador diario" de marihuana, de los que hay 25.000 en el país, "no tenga que acudir al mercado ilegal".

Además, aclaró que el proyecto forma parte de un planteamiento más global del gobierno, una política de salud pública que afecta "a las cuatro drogas más consumidas: el alcohol, el tabaco, los psicofármacos y la marihuana".

"Con el alcohol también tenemos problemas y queremos generar una regulación que ataque esos problemas", como "la muerte de jóvenes por accidentes de tráfico", dijo en alusión a otro polémico proyecto de ley oficialista presentado el jueves en el Parlamento para combatir el consumo abusivo de bebidas alcohólicas y que incluye la prohibición de las "barras libres" y las "happy hours".

Aunque tiene dudas sobre los planes del gobierno, Doyenart no cree que la legalización de la marihuana "tenga un efecto perjudicial extra sobre la salud de la población más allá del que hoy sí tiene probadamente el alcohol", un producto del que los uruguayos "son uno de los mayores consumidores per cápita del mundo", detalló.

Un informe presentado por Bango el miércoles en el Parlamento dejó en evidencia que el consumo de alcohol y marihuana crecieron entre 2006 y 2011, mientras descendía el de tabaco.

En 2005 Tabaré Vázquez, el primer presidente del FA en la historia del país y oncólogo de profesión, lanzó una dura política antitabaco que ha intensificado su sucesor, el exguerrillero José Mujica, desde 2010 y que ha llevado al país a tener que encarar un millonario juicio contra Philip Morris en un tribunal internacional.