Tegucigalpa. El ex presidente de Honduras Manuel Zelaya, junto a cuatro de sus ex ministros, presentó una demanda contra el Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

Según informó el diario local La Prensa, el derrocado mandatario reclama que el organismo internacional sentencie al Estado hondureño por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que terminó con su salida del poder.

En la demanda, Zelaya solicita indemnización económica, sanción disciplinaria y penal contra los responsables del golpe y el restablecimiento de la democracia, a través de la convocatoria e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

El ex mandatario también reclama la suspensión inmediata de las órdenes de captura y que se solicite a la Corte medidas provisionales a su favor de Zelaya, su familia y de sus ministros.

La demanda fue suscrita también por los ex ministros Enrique Flores Lanza, Patricia Rodas, Rixi Moncada, Rebeca Santos, su ex secretario privado Enrique Reina y el ex titular del Banco Central Edwin Araque.

Zelaya fue depuesto por militares en un golpe de Estado el 28 de junio cuando intentaba hacer un referendo sobre la reelección, lo que había sido prohibido por la justicia y que para sus opositores era un intento de perpetuarse en el poder.

Después del derrocamiento, un gobierno de facto liderado por Roberto Micheletti asumió el poder. Como protesta, la comunidad internacional y organismos cortaron sus relaciones diplomáticas y la ayuda financiera al país.

Micheletti convocó a elecciones en las que triunfó el Porfirio Lobo, quien antes de asumir acordó con el presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, que recibiera a Zelaya y su familia en calidad de huéspedes.

Actualmente, contra Zelaya pese una orden de captura por supuestamente haber violado la Constitución.

Comité de crisis.  Tras conocer la demanda, el gobierno de Lobo convocó a un comité integrado por la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República integraron una comisión para defender a Honduras.

En declaraciones a La Prensa, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, afirmó que hace diez días recibieron el documento y que en este momento está siendo estudiado para elaborar la defensa.

"Nos han dado dos meses para contestar. Nosotros ya tenemos el documento en el que la Cidh pide que les demos información respecto al documento presentado ante ellos”, informó escuetamente el presidente de la Corte, argumentando que no tiene amplia información que brindar, ya que la denuncia está en estudio.

Sobre las implicaciones para el Estado de Honduras por dicha denuncia, Rivera enfatizó que se está tratando el caso dentro de lo normal y que “toda denuncia preocupa”, pero hay que atenderla.