La Paz. Indígenas del altiplano boliviano entregaron a un fiscal los restos de cuatro policías asesinados doce días antes por una turba, en un caso que incentivó el debate sobre eventuales excesos de una recién reconocida justicia comunitaria.

Familiares de los policías muertos desistieron de impulsar acciones penales contra los indígenas responsables del linchamiento, para facilitar la recuperación de los cadáveres, manifestó  el fiscal Sandro Fuertes.

Los cuatro policías patrullaban el municipio de Uncía, en el departamento minero de Potosí, cuando fueron capturados el pasado 22 de mayo por indígenas de la zona que los acusaron de participar en casos de extorsión y asesinato de al menos siete vecinos.

"De acuerdo al informe forense que se ha manifestado en el momento del levantamiento legal de los cadáveres, la causa legal de las muertes de las cuatro personas es traumatismo encéfalocraneano", dijo a reporteros el fiscal Fuertes en la ciudad de Oruro, a donde llegó al mediodía con los restos que había recogido en la madrugada.

La autoridad rehusó confirmar versiones de medios locales que indicaron que los indígenas entregaron los restos a cambio de que los responsables sufran sólo penas de servicio social, a ser dictadas por un juez comunitario, en vez de ser enfrentar un juicio regular por asesinato.

Los indígenas, según admisión de sus propios dirigentes, lincharon a los policías, que pertenecían a una unidad de investigación de robo de vehículo, y luego bloquearon todo intento gubernamental de recuperar los restos.

La justicia comunitaria, una práctica ancestral para resolver disputas, está reconocida en Bolivia desde que el presidente indígena Evo Morales puso en vigencia una nueva Constitución "plurinacional" en febrero del 2009, y debería aplicarse con penas leves sólo a delitos menores.

Pero campesinos de varias regiones han linchado a más de una decena de personas en el último año, entre supuestos ladrones, violadores y policías, argumentando que lo hacen en nombre de la justicia comunitaria y en casos que no han sido totalmente esclarecidos.

La Asamblea Legislativa debate actualmente una nueva Ley Orgánica Judicial que, entre otras cosas, precisará el ámbito de aplicación de la justicia comunitaria.

El caso de los policías había desatado duras críticas de la oposición conservadora y de medios locales contra el Gobierno del indígena Evo Morales, que se negó a utilizar la fuerza para reponer el orden en Uncía, escenario de frecuentes incidentes de violencia relacionados con contrabando de vehículos.

El mismo Morales pidió varias veces a los líderes indígenas potosinos que devuelvan los cadáveres "por razones humanitarias".

El defensor del pueblo, Rolando Villena, quien participó también en negociaciones en Uncía, dijo que prometió a los indígenas una investigación imparcial del suceso, incluida la supuesta corrupción policial en que habrían estado comprometidos los policías asesinados.