Tras el terremoto y tsunami registrados en febrero de 2010, Chile comenzó a desarrollar un modelo de análisis y evaluación sobre los riesgos de ese tipo de desastres, que le permita calcular las pérdidas probables que tendrían las compañías aseguradoras que ofrecen coberturas al respecto.

En entrevista con Xinhua, Osvaldo Macías, intendente de Seguros de la Superintendencia de Valores y Seguros, afirmó que ese modelo facilitaría estimar las pérdidas aseguradas por personas o empresas, una vez ocurrido un evento catastrófico.

Explicó que "en Chile, existe libertad de contratación de seguros por parte de personas y empresas. Nadie está limitado a contratar un seguro de vida o de otro tipo ni tampoco para ofrecerlo. Si una persona quiere contratar un seguro ante sismo o tsunami (maremoto) y la empresa lo acepta, puede contratarlo".

Ese proyecto de evaluación incluiría, por ejemplo, un "estudio de peligro sísmico", que calcule tasas de excedencia, entre otros parámetros, y la elaboración de mapas que recojan gráficamente el riesgo para todo el país, detallado por ciudades.

Además, un estudio de peligro por inundación a causa de un tsunami (maremoto) sobre las principales ciudades costeras, teniendo en cuenta los daños ocasionados por sismos anteriores.

Igualmente, se contaría con un software con datos de una cartera de propiedades aseguradas y las pérdidas económicas, asociadas a los daños registrados por sismos y maremotos ocurridos en el país.

Una vez aplicado ese modelo, la Superintendencia modificaría la actual fórmula de Reserva Catastrófica de Terremoto, basada en un porcentaje fijo.

Esta propuesta novedosa surgió de las reflexiones sobre los daños del terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter del 27 de febrero de 2010, cuyo epicentro estuvo en la sureña región de Biobío y afectó a otras cinco regiones, dejando más de 500 muertos y pérdidas económicas calculadas en unos US$30.000 millones.

"En las regiones afectadas había 4 millones de viviendas, de las cuales sólo el 24%, casi un millón, tenía seguro ante un sismo; con créditos hipotecarios con los bancos había 962.000, de las cuales el 96,5% estaban aseguradas contra daños de terremoto", expresó Macías.

Señaló que el mercado asegurador chileno tenía casi todo su riesgo transferido a empresas extranjeras. Es decir, contrataban los seguros en otras compañías y el monto llegaba a los US$200,000 millones, lo cual incluía viviendas e infraestructura, bajo distintas modalidades. 

"Por lo tanto, el riesgo de las compañías chilenas era muy pequeño. Cuando se produjo el terremoto, los valores comprometidos por los seguros chilenos fueron calculados en US$8.500 millones, aunque finalmente, fueron unos 6.800 millones. La parte correspondiente a viviendas era sólo de unos 1.200 millones".

Destacó que el 40% del total de los daños fueron pagados por compañías internacionales: la británica LLoyds, la alemana Munich Re; la suiza Swiss Re, y otras.

Por su parte, las empresas chilenas abonaron sólo unos 60 millones, porque se vieron favorecidas por el reaseguro que habían contratado con compañías foráneas. 

A finales de 2010, casi todos los seguros por daños a las viviendas estaban pagados, mientras que los de las empresas fueron más lentos, porque el proceso de establecer el monto de lo perdido era más complejo.

Hoy existen en Chile 61 empresas de seguros que ofrecen pólizas por daños, vida, salud, etc., de las cuales 28 cubren daños por terremoto.

Osvaldo Macías mencionó que en Chile no había programas de gobierno para enfrentar estas catástrofes, por lo tanto, la cobertura de seguros era contratada de manera voluntaria.

"Para vivienda había una baja contratación de seguros cuando ocurrió el sismo del 2010 y casi todos los que había para el sector de vivienda estaban asociados a créditos bancarios. Los bancos se protegían y cuando le daban el crédito a una persona, le exigían tener un seguro que cubriera la vivienda ante daños de un sismo".

En Chile la mayoría de las personas adquieren viviendas mediante créditos hipotecarios, que son a 15 ó 20 años, por lo que el banco exige un seguro al comprador. 

Respecto a la infraestructura pública afectada, Macías explicó que había de dos tipos: una que estaba concesionada por el Estado al sector privado (autopistas, aeropuertos, puertos, etc.) y que por ley está obligado a contratar seguros, por lo que toda estaba asegurada en la fecha del sismo.

Sin embargo, la infraestructura pública que administra el gobierno, como hospitales, colegios, etc., la mayoría no tenía seguros. "Se prefiere no asegurarlos y emplear el dinero del presupuesto en pagar los arreglos por los daños causados por un terremoto", indicó.

El intendente de Seguros recordó que en marzo de 2010, la Superintendencia pidió a las compañías de seguros chilenas el estado de su solvencia para cubrir los daños del sismo a sus asegurados y se les avisó que deberían brindar una atención expedita a sus clientes para facilitarles sus demandas.

Más tarde, se publicaron otros documentos normativos para facilitar el proceso de liquidación por parte de las compañías chilenas. Cada pérdida debía ser evaluada por un experto para verificar si el daño estaba cubierto por el seguro contratado y fijarse el monto a pagar.

El funcionario comentó que el proceso de liquidación de los daños fue complejo porque para fijar el monto a pagar había que realizar antes la inspección de la propiedad, lo que se dificultó ya que había lugares a los cuales no se podía acceder debido a que las carreteras o caminos estaban obstruidos.

Recordó que entonces se convocaba cada 15 días a conferencia de prensa para informar cómo se avanzaba en el proceso de liquidación a las personas damnificadas por el sismo y el tsunami, lo cual impulsaba a las aseguradoras a cumplir los plazos establecidos. "Había presión por el gobierno, el congreso y la opinión pública", dijo.

El directivo mencionó también la elaboración de un reglamento para seguros en caso de siniestros, que entró en vigencia este año, en el que se estableció que la Superintendencia, órgano supervisor del Estado en esta materia, puede fijar las fechas de liquidación en caso de terremoto.

También se estableció que, tanto las compañías como los liquidadores de seguros, deben incorporar tecnologías de punta en sus procesos para brindar una mejor y más rápida atención a sus asegurados.