México ocupa el sexto lugar mundial en la venta de medicamentos falsificados, afirmó este sábado la diputada Jessica Salazar, integrante de de la Comisión de Salud en la cámara baja.

La legisladora del opositor Partido de Revolución Democrática (PRD) subrayó que seis de cada diez fármacos que se comercializan en el país son de procedencia ilícita, ya sea muestras médicas, productos cadudados, alterados o falsificados, por tanto unos ocho millones de mexicanos son víctimas potenciales del mercado negro de las medicinas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los medicamentos falsificados constituyen una peligrosa epidemia que se extiende a todo el orbe, ante lo cual es urgente adoptar medidas prontas y concretas.

La comercialización de medicamentos falsificados en todo el mundo alcanza US$35.000 millones, en tanto que en México se calcula QUE alcanza hasta US$1.500 millones al año, indicó la diputada.

Los estados del país donde más fármacos falsificados han sido decomisados son Jalisco, Baja California, Michoacán y Yucatán.

Trejo, con base en cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló que la ingesta de productos caducos, falsificados o caducos obliga a los afectados a invertir desde 700 pesos (unos US$52) en consultas privadas hasta 60.000 pesos (unos US$4.471), cuando es necesario la hospitalización.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que 50,6% de los productos confiscados en 2010 correspondieron a muestras médicas, 23,3% a medicinas caducas, 18,5% a fraccionadas, 5,3% maltratadas, 1,3% desvíos y 1,10% falsas o adulteradas.

Según la legisladora, la actividad se focaliza en las ciudades del Distrito Federal, Puebla, Guadalajara, Monterrey y Morelia.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señaló que este mercado ilegal se da en tianguis, pseudofarmacias, puestos callejeros e incluso a través de páginas electrónicas de dudosa procedencia.

Para contrarrestar esta situación, Salazar propuso reformar algunos artículos de la Ley General de Salud para establecer un registro electrónico, el cual incluye un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación.