Al no estar permitida en la mayor parte del planeta, la subrogación ha alimentado un negocio millonario desde que fue legalizada en la India, en 2002, sustentada por medio millar de centros médicos que practican esta técnica de reproducción asistida.

Cientos de parejas, heterosexuales, homosexuales o personas solteras, han recurrido cada año a madres de alquiler indias que aceptaban que se les implantase un óvulo fertilizado en su útero, para dar a luz a un niño que sería criado por los interesados.

Pero ahora las cosas han cambiado drásticamente, con el pretexto de las autoridades de proteger a las madres de alquiler.  

El año pasado el gobierno indio endureció, a través del régimen de visados, las condiciones para que los extranjeros tengan hijos en vientres subrogados. Lo hizo a pesar de que aún no ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley, que elaboró en 2010, con el objetivo de regular la práctica.  

HETEROSEXUALES Y DOS AÑOS CASADOS

En la clínica Z de Nueva Delhi hay dos mujeres indias embarazadas que esperan niños para sendos matrimonios españoles en virtud de un contrato de subrogación.

Sin embargo, el centro no está seguro de que los bebés puedan ir a España sin problemas tras su nacimiento.

En ambos embarazos, los matrimonios contratantes son heterosexuales y llevan más de dos años casados, condiciones que el Ministerio indio del Interior estipuló para otorgar el visado médico que se ha convertido en imperativo para solicitar subrogación.

Interior excluyó así a parte del público foráneo más habitual de las clínicas indias, los gais, y también a otros colectivos como las madres solteras o las parejas de hecho.

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Los mencionados matrimonios españoles no se enfrentan a ese obstáculo pero sí a otro: la necesidad de aportar un documento oficial en el que las autoridades de su país digan que "reconocen la subrogación", algo imposible puesto que en España es ilegal.

"Ahora no admitimos a padres solteros. Se nos ha advertido de que no se puede aceptar casos de gente que no venga con visado médico, pero no se ofreció solución para la gente que ya había pagado", lamenta a Efe bajo anonimato una responsable de la clínica Z.

"Va a haber un problema", vaticina.

Las nuevas directrices se anunciaron en julio de 2012, aunque hasta febrero de este año el Ministerio de Interior no las comunicó directamente a los representantes de las clínicas indias.

Y además, ante el alud de casos controvertidos -"con implicación de asuntos humanitarios"- el Gobierno optó en marzo pasado por "relajar" tres meses la normativa que, a priori, debe ser cumplida sin miramientos desde junio, algo que en realidad no está sucediendo.

De lo contrario, el matrimonio asturiano compuesto por Ana María Coto y José Luis Vidal aún tendría varados en el gigante asiático a sus pequeños Lucas y Carmen, nacidos en julio en una clínica de maternidad subrogada en la ciudad de Bombay.

Coto y Vidal no tramitaron visado médico; fueron a la India con el visado de turista que hasta hace poco había sido suficiente. La Oficina de Registro de Extranjeros permitió la salida de los bebés gracias a un documento del consulado que atestiguó que Vidal presentó "un contrato de subrogación", y que los pequeños eran "ciudadanos españoles" en virtud de la nacionalidad de su padre.

El certificado fue objeto de discordia durante dos meses, puesto que las autoridades españolas consideraban al principio que era imperativo "reconocer la subrogación", pero no lo hicieron y finalmente Nueva Delhi no exigió esa condición.

"Estamos perfectamente a pesar del lío mediático", cuenta a Efe el padre biológico, relajado una vez ha concluido el entuerto.

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SOLUCIONES, CASO POR CASO

Un portavoz del Ministerio indio de Interior, Kuldip Singh, asiente que en el contexto actual "se tomarán las decisiones estudiando caso por caso".

"Si se hace una excepción con una pareja, se puede pensar que se podrá hacer con otra", admite a Efe el funcionario.

El cambio de normativa está acarreando y acarreará en los próximos meses ciertos inconvenientes a la clínica Z pero no pone en peligro su negocio, dado que "entre el 80% y 90% de los clientes son indios".

"Eso sí, las clínicas que dependen de clientes extranjeros están bajo mucha presión", argumenta la responsable del centro.

De hecho, según una fuente del sector, el negocio de los vientres de alquiler con ciudadanos foráneos ha caído entre 30% y 40% desde el endurecimiento del régimen de visados.

"Había muchos padres solteros que venían de Italia, España o Israel por ejemplo", asegura a Efe el abogado Anurag Chawla, asesor legal de una docena de centros médicos indios.

"La subrogación no estaba permitida en sus países, pero era tolerada", agrega Chawla.

El abogado opina que el gobierno indio quiere "de manera indirecta proteger a las madres subrogadas" aunque cree que, en la práctica, las restricciones "no ayudan" a conseguir ese fin.

El borrador de Tecnologías de Reproducción Asistida ya contemplaba, en realidad, una serie de medidas orientadas a prevenir la explotación que algunas entidades hacen de las madres de alquiler, cuyas condiciones pueden variar mucho de un lugar a otro.

La esperanza para este sector pasa ahora por que el Parlamento nacional decida retirar esas condiciones en el proyecto de ley que espera desde hace tres años el escrutinio de los diputados. Mientras tanto, la meca india de vientres de alquiler está en entredicho.