El 28 de mayo más de mil tijuanenses salieron a las calles a protestar. ¿La razón? No tenían televisión abierta. ¿La explicación? Se trataba del esperado “apagón analógico”. A pesar de los constantes anuncios y de que se habían instalado 192.000 decodificadores subsidiados, miles de hogares se quedaron fuera de la nueva señal digital. 

Después de tres días de presiones de parte de los medios de comunicación y una petición del gobierno a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), se restableció la señal analógica y se aplazó el apagón. El argumento del gobierno para intervenir la supuesta autonomía de la entidad reguladora, Cofetel, fue la proximidad de las elecciones locales ese mismo mes. El apagón, según los comunicados oficiales, amenazaba con poner obstáculos a las campañas. “Se construyó un escándalo mediático sin fundamento que denostaba el proceso”, explica Irene Levy, directora de Observatel, asociación civil que analiza las telecomunicaciones en México.

La transición en todo el país pretende liberar el espectro radioeléctrico en la banda de 700 Mhz, que ocupa la televisión abierta, para facilitar la expansión de la banda ancha fija y móvil. Como Televisa y TV Azteca no podrán participar en la licitación de esta banda, ni tampoco en la de los dos nuevos canales abiertos digitales que plantea la reforma de las telecomunicaciones (recientemente aprobada), el cumplimiento de los plazos no los entusiasma para nada. Y para convertir el paso de tortuga en arrastre de caracol, la Cofetel anunció que, por falta de recursos, la segunda fase –que contemplaba la transición del resto de ciudades fronterizas para el 26 de noviembre– se aplazaba de seis meses a un año. 

Algunos expertos pronostican que este es el primer paso para que la reforma de las telecomunicaciones no sea instrumentada a favor del consumidor. “Lo que hemos visto en el último tiempo es sólo una pequeña demostración de lo que las televisoras están dispuestas a hacer para encarecerle políticamente al gobierno federal el intento por modificar su statu quo”, concluye Levy.