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2013: el reto de las energías renovables en R. Dominicana
Mar, 08/01/2013 - 08:46

Yomayra J. Martino S.

Eco-etiquetado: desarrollo sostenible + innovación empresarial
Yomayra J. Martino S.

Yomayra Martino es abogada egresada de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) de República Dominicana, consultora independiente, especialista en Derecho Ambiental, Energético y en temas empresariales. Magíster en Derecho de la Regulación Económica y en Derecho Ambiental Internacional. Dentro de su experiencia laboral se encuentra la coordinación de proyectos relacionados a formalización de micro y pequeñas empresas en República Dominicana a través de la Fundación Dominicana Compite y el Consejo Nacional de Competitividad. Fue asesora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Centro de Orientación Integral (COIN). Adicionalmente se desempeña como docente de UNIBE y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y estuvo como profesora visitante en el Centro Payson de Desarrollo Internacional de la Universidad de Tulane, Estados Unidos.

El Régimen de Incentivo a las Energías Renovables, en República Dominicana, fue instaurado en 2007 con la promulgación de la ley 57-07 que reglamenta todo lo relativo a los incentivos económicos, competencias y funciones del órgano regulador en la materia y los lineamientos generales para los inversionistas en este sector. Posterior a dicha ley, surgió el reglamento de aplicación y un proceso relativamente activo de otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de los tipos de energías renovables establecido en dicho régimen.

Adicional a estas normas ha sido claramente definido por el gobierno central, en las últimas gestiones, su interés en fomentar este sector para reducir la dependencia de combustibles fósiles que impera en la matriz energética dominicana, y por vía de consecuencia contribuir a la reducción de la factura petrolera del país. Tanto así que en la reciente Constitución de 2010 fue expresamente estipulado, en el Art. 67 sobre la Protección al Medioambiente, que ¨el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías y energías alternativas no contaminantes¨.

Durante la gestión de Enrique Ramírez al frente de la Comisión Nacional de Energía se ha promovido y priorizado las fuentes alternas de generación de energía. Bajo la misma fue inaugurado en 2011 el primer parque eólico de la República Dominicana ¨Los Cocos¨, inversión privada correspondiente a la Empresa Generadora de Electricidad de Haina (EGE- Haina), con una capacidad instalada, en esta primera fase, de 25 MW.  Se suman a estos unos 8 MW del Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), ambos parte del mismo grupo de empresas ¨Basic Energy¨, haciendo un aporte total de 33MW de energía eólica al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Sin embargo, recientemente fue aprobada una nueva reforma fiscal que conlleva el desmonte de los incentivos estipulados para las energías renovables en su régimen actualmente vigente. Según el artículo 32 de la Ley 253-12, se eliminan las exenciones de Impuesto sobre la Renta establecidos en el Art. 10 de la Ley 57-07, correspondiente a ¨… los ingresos derivados de la generación y venta de electricidad, agua caliente, vapor, fuerza motriz, biocombustibles o combustibles sintéticos señalados, generados a base de fuentes de energía renovables, así como de los ingresos derivados de la venta e instalación de los equipos¨. Igualmente se reduce en 40% el crédito único al impuesto sobre la renta que establece el Art. 12 de la Ley 57-07, para el autoconsumo energético privado aprobado por las entidades reguladoras correspondientes, de hasta un 75% del costo de los equipos.

Una decisión que no sólo afecta a los inversionistas de este rubro, sino que también impactaría en la colectividad, ya que se dejaría de aportar a la reducción de los gases de efecto invernadero y al cambio climático atándonos a la generación convencional de energía eléctrica en base combustibles fósiles.

Con esto, República Dominicana se convierte en un democracia de ¨avanzada¨ en sus preceptos constitucionales, en sus líneas de acciones estratégicas como país en materia de energía, pero que en contraposición y prácticamente de manera simultánea desincentiva la inversión privada en el rubro de las energías renovables con esta medida impositiva del desmonte referido.

Los retos latentes… En materia de energía, se reconoció que el acceso a servicios energéticos modernos y sostenibles contribuye a erradicar la pobreza, mejorar la salud y satisfacer las necesidades humanas básicas, pero aún queda un largo trecho por recorrer en la promoción y fomento de las fuentes alternas de generación eléctrica en comunidades rurales. Debe informarse y promover el aprovechamiento del incentivo que aún se mantiene de la Ley 57-07 para proyectos comunitarios de financiamientos a las tasas más bajas del mercado para proyectos de desarrollo, por un monto de hasta el 75% del costo total de la obra y su instalación.

Actualmente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ejecuta el ¨Programa de Electrificación Rural Basado en Fuentes Renovables de Energía-PER Renovables¨, con financiamiento de la Unión Europea y contrapartida del Estado Dominicano, a través de la Dirección General de Cooperación Multilateral (Digecoom) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi). Este programa proyecta instalar 22 sistemas de energías renovables de los cuales 14 serían  mini-hidroeléctricas y otras ocho en base a otras fuentes alternas como la energía solar.

Otro reto importante es el incentivo a la inversión privada en instalaciones de generación en base a las tecnologías alternas de aprovechamiento de los recursos renovables. Fuera de los parques eólicos inaugurados y de los proyectos solares anunciados el año pasado, es necesario fomentar que los titulares de concesiones para explotación de energías renovables culminen sus trabajos de instalaciones y sumen sus obras al SENI, pero sobretodo motivar a las Mipymes para el uso de energías renovables en sus procesos productivos y/o instalaciones comerciales y empoderar a las comunidades del aprovechamiento de esta tecnología a través de los beneficios para proyectos comunitarios.

Asimismo, desde la iniciativa estatal es importante promocionar los municipios verdes donde estos puedan suplir la demanda eléctrica de sus munícipes a través de fuentes renovables.

En cuanto a otras fuentes alternas como los biocombustibles y la biomasa se requiere una política de aprovechamiento que contemple las contingencias ambientales y sociales de estas, es el caso de la biomasa que presenta situación de conflicto en cuanto al uso de los recursos forestales para la industria de madera criolla, como por ejemplo las plantaciones de acacias, y de  los biocombustibles en cuanto a priorizar y/o garantizar la seguridad alimentaria. Tanto estos dos rubros como las demás fuentes renovables deberán explotarse con un criterio de racionalidad y un manejo integral fundamentado en el desarrollo sostenible contemplando la triple dimensión del mismo: social, económica y ambiental.

Al respecto, la Estrategia Nacional de Desarrollo dispone como uno de sus objetivos generales la generación de ¨energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible¨ para ello determina una línea de acción bastante clara, y cito : ¨Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica¨.  Para la consecución de este objetivo estratégico-país, será necesario identificar nuevos mecanismos y/o instrumentos para incentivar el mercado de energías renovables en República Dominicana.

A su vez, otro gran reto y uno de los lineamientos de la END, lo constituye la adaptación al cambio climático. ¿Qué significa esto para el sector energético? Tiene una doble implicación en este caso, por un lado el entender que sin reducir la dependencia de la matriz energética a los combustibles fósiles no podemos reducir la afectación de la misma al medio ambiente, y por otro entender, que sin prácticas de gestión ambientalmente sostenibles no será posible explotar a largo plazo ningún rubro de la economía nacional.

Finalmente, la educación e información pública es otro de los grandes retos en esta materia, más allá de los plausibles esfuerzos de los organismos del sector en ofrecer a la sociedad charlas, instructivos, etc… es necesario programas de sensibilización y/o capacitación dirigidos a concienciar a la población de que el uso que hagan de la energía eléctrica repercutirá en mejores condiciones sociales, económicas y ambientales, y que su ahorro y uso inteligente del mismo, por poco que les parezca, tiene un impacto en el aporte total que como ciudadanía podemos hacer al sistema energético nacional y la sostenibilidad ambiental.