Uno puede opinar lo que le plazca sobre el lugar común según el cual "no se negocia con terroristas"; lo que no es materia opinable es el hecho de que el lugar común es falso: los Estados negocian con grupos irregulares armados a los que alguna vez calificaron como terroristas de manera habitual. A nivel mundial, "entre 1975 y 2011, 196 de los 216 acuerdos de paz firmados fueron entre Estados y actores no estatales".
Si el objetivo es acabar con el terrorismo, la forma más expeditiva de conseguirlo es derrotando de manera concluyente por la vía de las armas a las organizaciones que emplean el terrorismo como táctica. Sea porque esas organizaciones consiguen arraigo en demandas compartidas por segmentos significativos de su sociedad (como en Irlanda del Norte) o porque ello supondría asumir un costo que se considera excesivo (como en Colombia): en ocasiones la victoria militar no es una opción razonable. En esos casos, los Estados habitualmente intentan desarmar a esas organizaciones a través de una negociación.
Dado que esas negociaciones son siempre producto de no haber conseguido el objetivo fundamental (derrotar al grupo irregular armado por vía militar), suelen implicar concesiones por parte de los Estados que estos habrían preferido no hacer. Como dijera el ex presidente Álvaro Uribe sobre los términos de su acuerdo con los grupos paramilitares (es decir, con organizaciones que practicaron el terrorismo y el narcotráfico en proporciones comparables con las de las FARC), "todos los procesos de paz son imperfectos". La pregunta por ende no suele ser si las condiciones acordadas eran discutibles o ingratas (siempre lo son), sino más bien si era plausible alcanzar condiciones significativamente diferentes. ¿Lo era en el caso colombiano?
Los temas más controversiales del acuerdo con las FARC son las penas alternativas (por oposición a largas condenas de prisión efectiva), y las condiciones para su participación en política. En cuanto a lo primero, ¿cabía un acuerdo significativamente diferente? De un lado, no conozco caso alguno en el cual los dirigentes de un grupo irregular armado firmen un acuerdo de paz para luego, producto del acuerdo, pasar el resto de su vida en prisión. La propia experiencia colombiana provee ejemplos de ello, como la amnistía otorgada a los integrantes del M19, con la complacencia del entonces senador Álvaro Uribe. De otro lado, los términos concedidos a las FARC (y también, cabría recordarlo, a las fuerzas del orden) no son significativamente diferentes a los que el presidente Álvaro Uribe concedió en su momento a los grupos paramilitares (por eso, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, sólo 2% de ellos sirvió penas de cárcel).
Presumo que existe mayor margen para negociar en el tema de la participación política, pero no en si esta habrá de producirse (en democracia no existe argumento válido para privar de derechos políticos a quienes no tengan cuentas pendientes con la justicia), sino en los términos de esa participación (por ejemplo, las cuotas garantizadas de congresistas que tendría las FARC bajo el acuerdo alcanzado).
A juzgar por lo insustancial de sus propuestas iniciales (amnistía para los integrantes de las FARC sin condena por delitos atroces y alivio judicial sin impunidad para policías y soldados, lo cual sólo reitera lo que contempla ya el capítulo quinto del acuerdo alcanzado), Uribe parece entenderlo.
