Nuestro sistema tributario es como un avión con tres secciones de pasajeros. Están los contribuyentes de primera clase donde se encuentran los gobiernos de estados y municipios que les retienen impuestos a sus trabajadores, no se los pagan al Servicio de Administración Tributaria (SAT), se los gastan quién sabe en qué y luego se los perdonan. Vaya que son privilegiados estos de primera: no sólo no pagan impuestos, sino que se los roban y después el Congreso, Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) legalizan el robo.
Atrasito vienen los contribuyentes business class, quienes realizan todo tipo de negocios, pero en la informalidad, por lo que no pagan ni un céntimo de impuestos. Éstos también van muy cómodos porque generalmente el SAT no los molesta. Son muchos. Algunos de ellos están organizados y tienen fuerza política de tal suerte que los políticos no se atreven a tocarlos con una verdadera reforma fiscal que los obligue a formalizarse y pagar impuestos.
Hasta atrás estamos los contribuyentes de tercera. Esos que religiosamente pagamos nuestros impuestos. Que si no lo hacemos, ahí sí interviene rápido (cada vez más) el SAT para exigirnos que paguemos con recargos, actualizaciones y multas. En caso extremo, si nos atrevemos a comportarnos como los de primera y segunda, el gobierno nos puede embargar nuestros activos y hasta meternos a la cárcel. Para acabarla de amolar, el Congreso, siempre nos hinca el diente para que paguemos más cuando hacen una dizque Reforma Fiscal.
No se vale. Es un abuso. Una injusticia porque, a diferencia de un avión donde los que van más cómodos pagan más, en nuestro sistema tributario sólo pagan los de tercera. En el colmo de los colmos, los de primera incluso se roban los impuestos y los tres poderes federales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se los permiten. Se trata de una vergüenza discriminatoria que en otros países con una ciudadanía más desarrollada generaría un escándalo de proporciones mayores.
A todos los que piensan que en México debemos pagar más impuestos, yo les respondo que primero se corrijan este tipo de abusos que lastiman, y mucho, a los contribuyentes de tercera. No se vale que los trabajadores de los gobiernos estatales y municipales paguen su Impuesto Sobre la Renta (ISR) y que el patrón, como es de primera, se quede con este dinero con total impunidad.
¿Por qué sí se los perdonan a ellos? ¿Por qué hay contribuyentes de primera que se pueden robar los impuestos que les retuvieron a sus trabajadores? ¿Por qué los de tercera, si hacen lo mismo, están sujetos a recargos, actualizaciones y multas y, en el extremo, incluso pueden terminar en la cárcel? ¿Qué hicieron los estados y municipios con el dinero que se robaron del ISR de sus trabajadores? ¿Por qué esos recursos no están reportados en las cuentas gubernamentales? ¿Dónde quedó la lana? Hemos pedido que nos lo informen, pero se rehúsan a hacerlo. Solicitamos la intervención del IFAI que resolvió que sí tenemos derecho a saberlo. Sin embargo, el gobierno, alegando “secreto fiscal”, no quiere entregar la información. ¿Pues qué están escondiendo? ¿A quién están protegiendo? ¿Por qué la SCJN le dio carpetazo al amparo que interpusimos 20 contribuyentes de tercera en contra del abuso de los contribuyentes de primera? Efectivamente: les informo que perdimos. A pesar de que el ministro José Ramón Cossío presentó un proyecto que aceptaba el derecho que teníamos de cuestionar la manera como los funcionarios se gastan nuestro dinero, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar y Jorge Pardo Rebolledo votaron en contra en cinco minutos, sin argumentar nada, como si fueran jueces de barandilla.
De esta forma, la SCJN legalizó que en México haya contribuyentes de primera que no rinden cuentas sobre los impuestos que retienen a sus trabajadores y que se roban. La Corte se sumó a la complicidad del Legislativo y Ejecutivo con la opacidad y malos manejos del dinero público convalidando el infame programa Borrón y Cuenta Nueva de 2012.
Sí: otra vez nos derrotaron a los contribuyentes de tercera. Pero no vamos a renunciar a nuestro derecho de seguir cuestionando este abuso con nuevas estrategias legales. En este México democrático no puede haber discriminación de contribuyentes. A todos los que nos apoyaron con el amparo (más de 40 mil en la red Change.org) y los contribuyentes que, como nosotros, se sienten de tercera, les seguiremos informando.
*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.
