Llama mucho la atención ver cuando la gente sale del país –incluso en viajes a algunos destinos en EE.UU. y Europa– que una de sus primeras reacciones en las redes sociales es: “¡Qué cara es Costa Rica!”. Superado el escollo inicial de la conversión, no se requiere mucho análisis para arribar a la triste conclusión: basta con comparar precios en restaurantes, supermercados o gasolineras.

La evidencia anecdótica parece ser respaldada por un índice de 112 países elaborado por el sitio GoBankingRates.com –y reproducido por la revista Time– que revela cuáles son los lugares más baratos para vivir. Utilizando información de Numbeo.com, la base de datos mundial más completa sobre el costo de vida, el ranquin toma en consideración el poder de compra local en cada país, el costo de la renta, de los comestibles y de otros bienes y servicios, en comparación con la ciudad de Nueva York.

En el escalafón, Costa Rica destaca como la vigesimocuarta nación más cara, superando en un escaño a Luxemburgo –el país más rico de la Unión Europea– y ubicándose un puesto atrás nada menos que del Reino Unido. Es probable que el ejercicio tenga algunos bemoles, pero al menos aterriza con datos la percepción de que el costo de vida en nuestro país es muy alto.

Que seamos un país tan caro para vivir es, en gran medida, el resultado de que somos un país muy caro para producir. Los elevados costos que el Estado le impone al sector productivo vía impuestos, cargas sociales, tramitomanía, servicios monopólicos (gasolina y electricidad) e infraestructura deficiente –todos ampliamente documentados en multitudes de índices y diagnósticos–, terminan siendo trasladados a los consumidores mediante precios y tarifas más altas.

Otro factor es el proteccionismo. Acabamos de ver un ejemplo de sus efectos con el aguacate: la decisión arbitraria de prohibir la importación desde México se ha traducido en el último año en un aumento del 24% en el precio final, según datos del Consejo Nacional de Producción (CNP). Otros productos básicos tienen altos aranceles que castigan al consumidor: arroz (60%), pollo (40 a 150%), frijoles (15 a 30%), carne de cerdo (35%), papa (45%), cebolla (15%) y leche (65%). En este último caso, la protección incluso le permite a la Dos Pinos vender sus productos –hechos en Costa Rica– más baratos en el resto de Centroamérica.

Debemos caer en cuenta de que el alto costo de vida es un impuesto invisible con el que financiamos el elevado intervencionismo estatal en la economía.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato.org.