El mes pasado, viajé a México para asistir a la ceremonia en que se dio a conocer la Política Nacional de Inclusión Financiera.

El evento constituyó un importante hito en el país, dado que solo el 44% de los adultos posee una cuenta bancaria, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. En el documento de la normativa, se describe una visión sobre cómo dar acceso a los servicios financieros formales a esa mitad de la población que carece de servicios bancarios, y ofrece una hoja de ruta para lograrlo.

En el mundo, 2.000 millones de adultos no tienen acceso a servicios bancarios, y la comunidad internacional del desarrollo considera que la inclusión financiera es necesaria para reducir la pobreza y promover la prosperidad compartida.

México representa el 2,6 % de esa cifra mundial, y es uno de los 25 países que el Grupo Banco Mundial y sus asociados han priorizado como parte de la iniciativa de acceso universal a los servicios financieros para 2020. El objetivo de esta es permitir a los adultos que no son parte del sistema financiero formal tener acceso a cuentas de transacciones que les posibiliten guardar dinero, y enviar y recibir pagos.

En los últimos seis años, más de 50 países han asumido el compromiso de ampliar la inclusión financiera, y más de 30 han empezado a implementar o están preparando una estrategia nacional.

Nuestra investigación en el Grupo Banco Mundial indica que los países, cuando establecen estrategias nacionales de inclusión financiera, aumentan el ritmo y el impacto de las reformas.

Pero a medida que los países han acelerado sus esfuerzos por lograr la inclusión financiera, se ha hecho evidente que enfrentan obstáculos similares que les impiden avanzar. Hemos agrupado estas dificultades en cinco desafíos amplios que los países tienen que abordar.

Los cinco desafíos son:

*Asegurar que el acceso y los servicios financieros se extiendan a poblaciones a las cuales es difícil llegar, entre ellas las mujeres y los habitantes pobres de las zonas rurales;

*Incrementar la capacidad y los conocimientos financieros de las personas para que entiendan los diferentes servicios y productos financieros;

*Cerciorarse que todos tengan documentos de identificación válidos;

*Concebir productos financieros útiles y pertinentes, y

*Establecer marcos apropiados sobre la protección al consumidor financiero.

La normativa de México se ajusta a estos desafíos comunes, pero pone énfasis en las necesidades propias del país.

Mientras revisaba el documento, me llamaron la atención las siguientes oportunidades que México tiene para dar pasos significativos hacia la inclusión financiera.

1.- Aprovechar las entidades no bancarias para llevar servicios financieros a las poblaciones de difícil acceso. Las instituciones financieras no bancarias de México ya ofrecen servicios a unos 10 millones de personas, mientras que puntos de acceso que son propiedad de terceros (tales como agentes bancarios y canales de acceso electrónico) operan en la actualidad en comunidades remotas. Si pudieran llegar a una escala suficiente, podrían ampliar significativamente el alcance de la infraestructura bancaria y de los productos financieros.

2.- Garantizar que los bancos de desarrollo puedan cumplir su función de manera eficaz y sostenible para llevar servicios financieros a las poblaciones excluidas del sistema financiero y a las empresas desatendidas en las zonas rurales. Estas instituciones deberían concentrarse en atraer financiamiento del sector privado para promover y profundizar la inclusión financiera.

También resultan cruciales en la ampliación de los servicios financieros para los beneficiarios de transferencias gubernamentales, más allá de solo dar acceso a una cuenta para transacciones, como lo ha empezado a hacer Bansefi con los 4 millones de beneficiarios del programa “Prospera”.

3.- Migrar a instrumentos electrónicos los pagos de gran volumen y de bajo monto, tales como las remesas y los desembolsos gubernamentales.

En 2015, los emigrantes enviaron aproximadamente US$25.000 millones por concepto de remesas a México, principalmente en efectivo. Esas transacciones pudieron ser traspasadas al sistema regulado mediante productos financieros bien diseñados. De modo similar, seguir digitalizando los pagos y otras transacciones puede ayudar a transferir más sumas millonarias al sistema financiero. México ha hecho importantes avances en la migración de los desembolsos gubernamentales a sistemas de pago electrónicos, pero un número estimado de 6,2 millones de adultos no bancarizados aún reciben en efectivo el pago de los sueldos del sector público o de las transferencias sociales.

4.- Aumentar la confianza en el sector financiero formal y garantizar el acceso financiero responsable. México ya ha aprobado una importante legislación para mejorar la protección al consumidor financiero. Sin embargo, casi el 40% de los adultos mexicanos no bancarizados menciona la desconfianza en el sistema financiero como un obstáculo principal para ser titulares de cuentas, un porcentaje mucho más alto que el promedio de 13% en América Latina. La mayoría de los adultos también no entiende los productos financieros básicos, según la encuesta nacional. Una mayor capacidad financiera de los hogares puede ayudar a las personas a elegir los servicios financieros que necesitan, y aumentar los niveles de confianza, acceso y uso de los productos.

En el Grupo Banco Mundial, nos hemos comprometido a apoyar a México con servicios financieros, de conocimientos, de asesoría y de convocatoria para fortalecer la supervisión del sector financiero, fomentar el crédito y ampliar la inclusión financiera.

Ayudar a México a lograr sus objetivos en materia de inclusión financiera no solo mejorará las condiciones de vida de unos 43 millones de personas, sino también ayudará al mundo a estar un poco más cerca de conseguir el acceso universal a los servicios financieros a más tardar en 2020.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en la zona de blogs del sitio web del Banco Mundial.