Sabemos que servicios de inteligencia extranjeros operan en la Argentina cuando menos desde que en 1960 el Mossad israelí secuestrara en ese país al criminal de guerra Adolph Eichmann. Sabemos que la embajada de los Estados Unidos discutía con el fiscal Nisman el contenido de sus dictámenes, por los cables de la propia embajada que Wikileaks filtró a la prensa (y que fueron publicados por el periodista Santiago O’Donnell en sus libros “Politileaks” y “Argenleaks”). Sabemos por el texto de las acusaciones formuladas por Nisman, tanto contra funcionarios iraníes como contra Cristina Fernández y Héctor Timerman, que servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, así como gobiernos de otros países, brindaron parte de la información en la que se basan esas acusaciones (la acusación contra la presidente y el canciller, por ejemplo, cita un presunto documento oficial iraní que el periodista Gabriel Levinas admite haber obtenido por fuentes de la cancillería israelí). Sabemos por último que el Estado inculpado (Irán), era en el momento de formularse la acusación enemigo declarado de los Estados que proveyeron parte de la evidencia que obra en su contra (Estados Unidos e Israel). De hecho, la razón por la cual uno de los inculpados a través de esa evidencia (Imad Mugniyah, dirigente de Hezbolá), jamás comparecerá ante un tribunal, es porque una acción conjunta del Mossad y la CIA le dio muerte en 2008 (según investigación que publicó el diario Washington Post el 31 de Enero).

No pretendo conocer la verdad de los hechos, y lo dicho hasta aquí no prueba nada en forma concluyente. Me limito a recordar una verdad de Perogrullo: los gobiernos pueden tener motivaciones políticas que trascienden la búsqueda de la justicia, y a su vez los servicios de inteligencia pueden tener una agenda propia que trasciende las motivaciones de sus gobiernos. Por esa razón la información que brindan debe ser tratada como versión de parte, y corroborada en forma independiente antes de ser utilizada en un proceso judicial. Eso tal vez habría evitado algunos errores sobre afirmaciones de hecho que constan en la acusación contra Fernández y Timerman. Nisman, por ejemplo, dice lo siguiente sobre las “Notificaciones Rojas” de Interpol (es decir, el pedido internacional de detención contra los inculpados iraníes, con miras a su extradición): “la baja de las notificaciones rojas constituyó el interés central para las autoridades iraníes en este acuerdo y el canciller Timerman aceptó y contribuyó a ello. (…). La diligente y a la vez inesperada –para los encubridores- actitud de Interpol, específicamente de su secretario general, Ronald Noble, lo impidió”. A solicitud de Timerman, esto es lo que Ronald Noble dijo al respecto: “Mientras era secretario general de Interpol, en cada ocasión que hablamos, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes”. 

De hecho, ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia ponen en duda la existencia misma del crimen imputado. Según la acusación fiscal, “Todo estaba arreglado y acordado: se sacrificaría la justicia en el caso AMIA para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de ambos países, pero fundamentalmente de Argentina”. ¿Cuáles eran esos intereses? Garantizar la “impunidad” de sus funcionarios por parte del gobierno iraní, e “intercambiar petróleo por granos” por parte del gobierno argentino. A ese acuerdo se habría arribado durante una negociación secreta que no consta en un documento escrito, dado que lo dicho no consta en el Memorando de Entendimiento suscrito entre ambos países en 2013 (el cual, al no ser ratificado por el parlamento iraní, jamás entró en vigor). El alegato es problemático por varias razones. De un lado, las acusaciones contra los funcionarios iraníes fueron formuladas por el poder judicial, no por el gobierno federal (razón por la que este no podía garantizar su retiro), y como señaló quien fuera jefe de Interpol, el gobierno federal jamás gestionó el retiro de las órdenes de captura en su contra. De otro lado, Argentina no importó petróleo de Irán, y la exportación de granos hacia Irán es realizada por empresas privadas, como parte de un comercio bilateral pequeño y con tendencia declinante desde el período en el que se habría consumado la confabulación criminal. 

Ahora bien, la acusación contra Fernández y Timerman es por encubrir la responsabilidad iraní en el mayor atentado terrorista en la historia de la  Argentina (perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA). Concluyamos recordando que en su momento esa acusación también fue cuestionada por investigaciones independientes, las cuales sugerían que la administración Bush presionó a la fiscalía para que descartara las denominadas “pista siria” y “pista local”, en favor  de inculpar al gobierno iraní. Una de esas investigaciones proviene del periodista Jorge Lanata, insospechable de simpatizar con el gobierno de Fernández. En un artículo de 2006 Lanata concluía lo siguiente sobre la documentación que sustenta la acusación fiscal contra funcionarios iraníes: “En esas 113.600 fojas, 568 expedientes, 400 legajos, 1.000 paquetes y 1.500 carpetas no hay nada”.