No cabe duda que Chile necesita de la aprobación y entrada en funcionamiento de una gran cantidad de proyectos que doten de energía al país y sus industrias, para así avanzar hacia el desarrollo. Esta necesidad, incluso, se vio reflejada en la creación de la agenda de Energía anunciada por la presidenta Michelle Bachelet.

Desde el sector privado debemos asumir un gran desafío, que consiste en un cambio de mirada, de actitud, con la manera de aproximarnos y   comunicarnos con las comunidades relevantes, conversando abiertamente y desde el principio sobre el impacto de los proyectos en su calidad de vida.

Históricamente, el diseño de un proyecto de energía se hacía puertas adentro, con criterios técnicos y económicos, que luego se presentaban al gobierno central para su aprobación. “Decidir, Actuar y Defender”, era el paradigma de ese entonces. Luego, se incorporaron más actores al proceso de decisión, incluyendo especialmente la autoridad que representa al medio ambiente, además de los gobiernos regionales, municipios, parlamentarios y las ONG. Así, poco a poco, gobierno y empresas fuimos mejorando la gestión ambiental.

En el intertanto, el mundo cambió y Chile también lo hizo. Esto se tradujo en una evolución creciente de las expectativas de la comunidad. Ésta sacó la voz y salió a las calles para decirle al gobierno y a las empresas, "no nos ven, no nos escuchan, no nos consideran". Un error, porque las personas están cada día más preocupadas del impacto de los proyectos en su calidad de vida y en su entorno natural y social.  

Así, se nos vinieron encima una serie de casos que nos demostraron que los aspectos sociales, además de los ambientales, son los factores más críticos para la viabilidad de los proyectos de energía en Chile. Los más recientes se han complicado más por temas sociales, pero este nuevo escenario nos convoca como país a pensar cómo abordar las relaciones sociales en sistemas complejos y en constante evolución.

Por eso es imperativo complementar la licencia legal y ambiental otorgada por el gobierno con una buena gestión de las relaciones con la comunidad, para obtener la llamada "licencia social para operar". Hoy, el nuevo paradigma es: Diagnosticar, Dialogar y Decidir.

Como empresas debemos ser capaces de ganarnos la confianza de las comunidades, porque la oportunidad de seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo de Chile depende de la Confianza. Y ésta se logra a través de un compromiso demostrado con un comportamiento sostenible, que se implementa con empatía. No cabe duda de que necesitamos empresas confiables y sostenibles, impulsando proyectos de energía validados y alineados con los intereses y valores de la sociedad.