El modelo económico implantado a partir del calamitoso fin del auge petrolero (1978-1982) ha tenido resultados atroces en la distribución del ingreso y de la riqueza, pues son absolutamente contrarios a los mandatos de  equidad y los valores que postula una sociedad democrática. Se estima que México, según la revista Forbes (febrero, 2014), es hoy la economía once en el mundo y “perfilándose al lugar número diez. En América Latina es la economía número dos, de acuerdo al FMI”. Este dato, muy controvertible quizá, está ensombrecido si agregamos que “México ha sido, junto a Haití, el país de la región (latinoamericana) que en el siglo XXI ha mantenido este indicador por debajo de la línea de pobreza”, como se sostiene en el documento del gobierno del Distrito Federal: “Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal. Propuesta para un acuerdo”, que en esta colaboración terminaré de comentar.

Hay que preguntarse si hoy es posible y realista iniciar una nueva política de salarios mínimos (SM) en México. El grupo de expertos que lo elaboraron son optimistas y responden que sí y sus argumentos se podrían ordenar en dos ejes básicos:

a) “La evidencia más reciente demuestra que los efectos de la subida de los salarios mínimos no provoca ninguno de los daños presupuestos por modelos convencionales: ni inflación, ni desempleo, ni baja productividad” y

b) “El aumento del salario mínimo tiene que plantearse por etapas, pues un incremento demasiado alto y demasiado rápido puede llevar al fracaso y volverlo impracticable”.

Vale resumir y reiterar los ejes de tal propuesta de este modo: la política salarial que recompensara el golpeado poder adquisitivo de los trabajadores más pobres no sería ni inflacionaria, ni causaría desempleo y tampoco impactaría negativamente la productividad, sí y sólo sí se hace mediante un programa gradualista y predecible de aumentos salariales a los SM que refleje, yo subrayo, un acuerdo nacional entre los principales actores políticos y agentes económicos organizados del país para garantizar su sensata viabilidad, sin perturbaciones ni sobresaltos desestabilizadores.

Estamos ante la propuesta de una magna concertación política y social que abra la posibilidad de resarcir el poder de compra de los trabajadores peor pagados, el que se perdió a lo largo de tres décadas entre episodios devaluatorios, estallidos inflacionarios y, sobre todo, con políticas fiscales y monetarias convencionales orientadas a resolver tanto los grandes desequilibrios comerciales y financieros con el exterior, como los resbaladizos desequilibrios en las finanzas públicas, andando por los caminos trillados de la austeridad financiera y la contención salarial, los cuales se tradujeron no sólo en anodinos ritmos de crecimiento, sino también en varias recesiones severas.

¿Cuáles son los escenarios posibles para concretar un acuerdo nacional que lleve a mejorar el poder adquisitivo de los SM, según este planteamiento del gobierno del DF?

En cualquier escenario considerado la meta del primer año (2015) es darle al SM diario el poder de compra de una “canasta alimentaria” (CA) y en el último año llegar a cubrir la llamada “canasta ampliada”, que suma la CA y la “canasta no alimentaria”, que contiene en particular muchos servicios básicos. Tal “canasta ampliada” se podría comprar con el “SM objetivo” en cualesquiera de los tres escenarios propuestos. Veamos uno por uno.

Primer escenario: llegar al SM objetivo en 2018 (con un plazo prudente de 4 años de recuperación), comenzando en el 2015 con un incremento de 23,1% en el SM diario (para cubrir el valor monetario de la CA: $82,90, precio de marzo de este año). De allí en adelante se fijarían incrementos anuales de 27,4% a partir del 2016, más la tasa de inflación anual del año previo. Enfatizo que con esta “indización salarial” (subiéndole a la CA tanto como haya de inflación en el año previo) habría siempre incrementos reales sin desviaciones del SM objetivo a favor de los sectores más vulnerables. Para 2018 se tendría un SM de $171,3 de hoy, suficiente comprar la canasta ampliada. Esto significaría un SM mensual de $5.131,16 de hoy, que es un aumento de 154% respecto al actual. La otra ruta para llegar al mismo objetivo es la de incrementos anuales absolutos de $29,39 pesos a partir de 2016, después de un incremento inicial $15,6 en 2015. Los autores de este documento consideran (¿candorosamente?) que esta ruta mitigaría el “efecto de faro” de una nueva política de SM, pues todas las negociaciones salariales muy probablemente se guiarían por la eventual política de nuevos SM. Sea con cambios anuales porcentuales o absolutos en esta nueva política salarial, creo que el “el efecto de faro” (poquito o muchito) invariablemente va estar presente y ello obligará a repensar nada menos ni nada más que las relaciones salariales entre el capital, el trabajo y el Estado.

Segundo escenario: llegar al SM objetivo en 2020 (con un desafiante plazo 6 años de recuperación), comenzando igual con un incremento en 2015 de 23,1% en el SM diario (cubriendo el mencionado precio de la CA de $82,90), y de allí en adelante, fijando incrementos anuales de 15,6% a partir del 2016, más la tasa de inflación anual del año previo. Se arribaría dentro de seis años al SM diario de $171,3 de ahora. La otra ruta (también para ir mitigando ilusamente el “efecto de faro”) de este escenario es la de los incrementos anuales absolutos de $17,63 pesos diarios a partir de 2016, después de un incremento $15,6 en 2015. ¿El gobierno del sexenio siguiente continuaría con tales compromisos, o hay forma de darle el perfil de una política salarial de Estado a toda propuesta que traspase los límites temporales del gobierno peñanietista?

Tercer escenario: llegar al SM objetivo hasta 2025, con un incremento de 23,1% en el SM diario para cubrir el valor actual de la CA y de allí en delante fijar incrementos anuales de 7,6% a partir del 2016, más la tasa de inflación anual del año previo. El punto final sería también el SM mensual suficiente comprar la canasta ampliada. La otra ruta (para pretender mitigar el citado “efecto de faro”) de este escenario es la de los incrementos anuales absolutos de $8,82 pesos a partir de 2016, después de un incremento $15,6 en 2015. Este escenario es para las calendas, para que tres gobiernos nacionales lo concreten.

Si algo debería quedar muy claro en este ejercicio prospectivo de tres escenarios alternativos, son los tiempos políticos de su concreción efectiva. La viabilidad de cada uno de ellos es posible y racional si tiene una buena dosis de realismo político y social. Construir puentes y redes de compromisos institucionales para llegar a nuevos arreglos económicos no es tarea sencilla, pero sí es algo imprescindible.

Se pueden diseñar más escenarios fechados y con otros datos hipotéticos, eso es lo de menos. El desafío mayor hoy está en construir una plataforma de concertación social para diseñar una nueva política salarial consensada para beneficiar a los más empobrecidos en un sistema económico que privilegia el papel impío de una lógica mercantil rústica, donde la elusión de la ley es el pan de cada día.

La renovada arquitectura institucional de esta sugestiva política de ingresos del trabajo asalariado (obvio, sin la Conasami actual), tendrá que definir mecanismos reguladores y tiempos que le den concreción, seguimiento y efectividad a los grandes acuerdos que pudieran lograrse con dicha concertación social. La experiencias vividas en otros países (altamente sugerentes en los casos de Brasil, Uruguay e Inglaterra, dicen los autores de este documento) pueden servirnos para dejar pronto el SM arriba del umbral de pobreza alimentaria.

Un pactismo no cupular, como instrumento político de concertación entre las fuerzas sociales y económicas participantes, es prioritario en esta iniciativa para acordar justicia salarial –por hecho y por derecho- a millones de trabajadores del país; nacería así una genuina reforma estructural para superar una situación ilegal e injusta.