El primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró hace unas semanas su respaldo a la independencia del pueblo kurdo. No especificó a qué contingente del pueblo kurdo se refería, dado que este se encuentra disperso entre cuatro países (Irak, Irán, Siria y Turquía), pero su canciller Avigdor Lieberman se decantó por la opción obvia: el Kurdistán iraquí.
Posición que difícilmente podía resultar más paradójica. Así, mientras la región en cuestión es parte del territorio internacionalmente reconocido de Irak (por lo que su status es un asunto interno), existe consenso bajo el derecho internacional respecto al hecho de que los territorios ocupados no son parte de Israel, y los palestinos tienen derecho a construir en ellos un Estado propio. Más aún cuando los kurdos poseen la ciudadanía iraquí (el presidente del país, por ejemplo, es de etnia kurda), al tiempo que poseen no sólo una amplia autonomía dentro de Irak, sino además lo que constituye de facto un Estado independiente (no hay, por ejemplo, un solo soldado del ejército iraquí en territorio bajo control militar kurdo): nada de eso es cierto respecto de los palestinos bajo ocupación israelí (que constituyen el único pueblo en el mundo cuyos integrantes no poseen ciudadanía en ningún Estado).
La posición oficial de la Unión Europea coincide con todo lo que se acaba de señalar. Pero mientras el Consejo Europeo prohibió toda importación de bienes procedentes de Crimea como sanción por su ocupación y anexión por parte de Rusia, no adopta medidas del mismo calado respecto a los territorios ocupados (y, en algunos casos, anexados), por Israel.
No es sólo que la norma objeto de desacato sea la misma en ambos casos (la inadmisibilidad de adquirir territorios por la fuerza), sino además que el desacato israelí tiene décadas, no meses de vigencia como ocurre con la ocupación y anexión de Crimea. Y aunque eso no otorgue amparo legal a sus acciones, Rusia puede alegar que Crimea fue hasta 1954 parte de su territorio, y que al momento de ser ocupada la gran mayoría de la población era de etnia rusa (lo cual no ocurre con los territorios que Israel ocupó en 1967).
Nada de lo cual cambia el hecho de que el principio del derecho internacional según el cual es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza, ha contribuido a modificar de manera sustancial la conducta de los Estados en el mundo contemporáneo. Salvo por los turbulentos años iniciales de la posguerra, en más de medio siglo son contados los casos en los que la frontera internacional entre dos Estados cambió producto de un conflicto armado entre ellos, y esas escasas excepciones no han obtenido reconocimiento internacional. Además, desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ninguno de los Estados que la integran ha desaparecido como producto de una conquista militar. Según un artículo de Marck Zucher publicado en la revista “International Organization”, entre 1651 y 1950 el 81% de los conflictos armados entre Estados producían una redistribución de territorio. Esa cifra baja a un 27% entre 1951 y el 200. Desde 1946 sólo hay doce ejemplos de ello, y todos esos casos comenzaron antes de 1976.
Esos datos reflejan la singularidad de la anexión de Crimea por parte de Rusia: antes de que ella ocurriera, no se había producido una anexión de territorio por la fuerza en un conflicto entre Estados en 38 años. Es decir, al ocupar y anexar Crimea, Rusia violó el principio según el cual la adquisición de territorios por la fuerza es inadmisible bajo el derecho internacional.
No solo eso, también violó el Memorándum de Budapest que suscribió en 1994, mediante el cual se comprometía a “respetar la independencia, la soberanía, y las fronteras actuales de Ucrania”.
Pero como vimos, esa no parece ser la razón principal por la que Rusia viene siendo objeto de sucesivas rondas de sanciones por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea. No sólo porque en situaciones equivalentes en diferentes regiones del mundo no se adoptaron decisiones similares, sino además porque respecto al mismo país adoptaron decisiones diferentes en dos momentos en el tiempo.
Estados Unidos y la Unión Europea no mostraron mayor interés en aplicar los principios del derecho internacional humanitario durante la guerra en Chechenia, cuando aún esperaban que Rusia tuviera una actitud más cooperativa respecto a sus intereses: es sólo cuando esa presunción desapareció que la conducta rusa comenzó a ameritar la aplicación de sanciones.
El propósito de lo dicho no es en lo esencial el de calificar éticamente las conductas descritas. Más bien pretende recordar ahora que una treintena de países se asocian para intervenir en Siria e Irak, que el sistema de Naciones Unidas fue concebido desde sus orígenes como un matrimonio por conveniencia entre el derecho internacional y el realismo político: no en vano su única instancia con capacidad de aprobar sanciones económicas y el empleo de la fuerza (el Consejo de Seguridad), cuenta con cinco miembros permanentes con derecho a veto.
Lo cual implica que en el constante pulseo entre derecho internacional y realismo político, no siempre prevalece el primero. Eso es algo que debiéramos tener en mente cada vez que las principales potencias pretenden hablar en representación de la comunidad internacional.
