Recibí un mensaje por correo electrónico. Quien lo envía se pregunta “¿qué va a pasar con toda la gente que trabaja en Fonapaz, que trabaja honradamente, que lucha por hacer un mejor país, que va a las comunidades lejanas a ayudar, y que no tiene nada que ver con cosas malas, ya que ellos mantienen a sus familias y no tienen la culpa de lo que gente a lo largo de los años ha hecho con esa institución?”. A mi criterio, constituye una duda razonable y hasta ahora las autoridades no han dado una respuesta clara.

De hecho, el anuncio presidencial de la decisión de cerrar ese fondo debió haber incluido al menos una referencia acerca del futuro inmediato y a mediano plazo del personal de nivel mediano hacia abajo.

Es correcto pensar, cuando se habla de la corrupción, cuáles son los niveles de esta y cómo afectan a la población. Muchas veces la cometen personas ocupantes de puestos colocados en los primeros escalones de la cadena de mando. En esos casos, eliminarla significa necesariamente cambiarlas y sustituirlas por gente con escrúpulos y espíritu de servicio.

En otros casos, la corrupción ocurre en los niveles altos, desde donde vienen las directrices al resto de la pirámide de jerarquías. Quienes trabajan en los estratos intermedios o bajos se ven en la disyuntiva de obedecer las órdenes de los corruptos y ejecutar acciones ilegales, inmorales o ambas. Hay culpabilidad personal, pero sin duda también existe una responsabilidad a nivel superior.

Este tema es importante porque el presidente Otto Pérez Molina no se puede detener en el tema de la búsqueda de la transparencia en su administración, porque aún se debe hacer mucho a fin de recuperar la confianza ciudadana en el gobierno encabezado por él. Las dudas o certezas de corrupción y de malos manejos derivados de la manera como son manejados millonarios fondos públicos no han sido exclusivos de Fonapaz -aunque en esta llegaron al colmo-, sino son comunes en otros fondos creados con la idea de facilitar y acelerar la ejecución de acciones, pero convertidos en la realidad práctica en lugares donde en demasiadas ocasiones son enviados personajes a quienes se premia con puestos donde hay dinero fácil de manejar.

Los fondos tienen nombres de significado vago. Además del fondo “para la paz”, están el fondo “pro tierras”, el fondo social “de solidaridad”, el “de tierras”, entre otros. No hay normas para reglamentar las cualidades necesarias para llegar a encabezarlos, y por eso han pasado por esos puestos una serie de personas cuyo nombramiento se puede explicar por cualquier razón, menos por experiencia en los temas. Esta situación comenzó desde el momento mismo de la creación de los fondos mencionados, donde ahora existe un gran número de empleados públicos dependientes de su salario para la manutención de sus hogares. Todo esto constituye en realidad un drama humano cuando se analiza la situación de quienes se quedan desempleados.

La única forma de acabar con incertidumbre de quienes trabajan en Fonapaz, es conocer su futuro. Igualmente se necesita saber cómo se actuará con las personas y empresas acreedoras de la cuestionada y cuestionable entidad.

El alto mando del gobierno necesita tener plena conciencia de los efectos de sus decisiones. Es correcta y justificable la tarea de buscar la transparencia, pero para lograrlo, además de lo expresado, es importantísima la escogencia de personas cuyos antecedentes permitan al régimen solicitar el beneficio de la duda. Es contraproducente llevar a altos puestos, sobre todo técnicos, a quienes están demasiado cercanos al presidente. En teoría, no tiene nada de malo. En la realidad de Guatemala, significa más de lo mismo.

*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com.