Las elecciones siempre despiertan esperanzas. Los que gobiernan confían retener el poder y los opositores en desplazar a los oficialistas. Esto no es criticable si la competencia es leal; si la confrontación de ideas, de programas y de ofrecimientos se someten al juicio de los ciudadanos en “elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo” (Carta Democrática Interamericana).
A estas alturas de la campaña electoral en Bolivia, las encuestas indican que el oficialismo va alcanzar una cómoda la victoria el 12 de octubre, apoyado en sus grandes ventajas –el ejercicio del poder y el uso de los recursos públicos– frente a una oposición dividida y aún amedrentada. El resultado ya está cantado, pues el fraude, las prebendas y el miedo que infunde el gobierno con su intolerancia, son elementos en estas elecciones. Es más: la persecución ha llegado a los candidatos, pues los cuatro opositores enfrentan juicios penales a denuncia del oficialismo; por supuesto el presidente-candidato no tiene ningún proceso judicial en su contra, y vaya que hay muchos casos que podrían ser dilucidados en una administración de justicia confiable.
Si esto es así, no será alcanzado el objetivo opositor de impedir que el régimen del presidente–candidato nuevamente sea dominador absoluto. Es previsible que el gobierno, por las buenas o a las malas, se saldrá con las suyas: ganar las elecciones y lograr la cifra mágica de los dos tercios de parlamentarios y, de esta manera, contar nuevamente con un Poder Legislativo dócil y sectario para imponer leyes, medidas y acciones, con el peso de la mayoría calificada. El gobierno sabe que a una oposición así reducida, solo le quedaría ánimos para la protesta y punto. Sin embargo, se insiste en que es posible cerrarle el paso al gobierno populista de Evo Morales. Y vaya que le ponen entusiasmo. Pero, a la vez, discretamente aceptan estar resignados a la derrota electoral por el fraude, la intimidación y las ventajas de las que goza el gobierno.
Una de las voces más respetadas en el país es la de la Iglesia Católica. La Agencia Boliviana de Informaciones, se refirió el 18 de agosto de 2014 la Conferencia Episcopal Boliviana, denunció una “evidente desigualdad en la contienda electoral para las elecciones presidenciales de octubre próximo en Bolivia, "por la enorme disponibilidad de recursos de unos y la escasa disponibilidad de los mismos por parte de otros". "Esta desigualdad de condiciones merma la credibilidad e institucionalidad democrática", también deplora que el partido oficialista argumente "un falso dilema entre gestión pública y propaganda política, cuando es evidente que se usan recursos del Estado" con fines electoralistas”.
Por esto la CEB demandó "transparencia en la campaña electoral, presentación de planes y programas en función del bien común, dignidad para todos e imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral (...) por el respeto que merece la libertad de conciencia e inteligencia de la ciudadanía". (ABI. 18.08.2014).
La situación electoral en Bolivia no ha pasado inadvertida en el exterior de Bolivia. Un ejemplo: el conocido analista político Andrés Oppenheimer, en un artículo intitulado “Bolivia: ¿Elección justa o farsa electoral?”, se refiere a una entrevista con el candidato opositor Samuel Doria Medina: “Doria Medina está haciendo lo correcto al participar en lo que evidentemente es un proceso electoral fraudulento, porque sería un error no aprovechar los reducidos espacios para la crítica —especialmente en televisión— que quedan en Bolivia”.
Oppenheimer continúa: “La manipulación electoral del gobierno es mucho mayor que los abusos que mencionó Doria Medina en la entrevista. Por ejemplo, en años recientes Morales ha enviado a varios de sus principales opositores —como el ex gobernador de Cochabamba Manfred Reyes Villa— al exilio, o a la cárcel. Es más, la candidatura de Morales para un tercer mandato es en sí misma una pirueta legal: en el 2008, Morales cambió la Constitución para autorizarse un tercer mandato consecutivo —lo que estaba prohibido por la Carta Magna— bajo el dudoso argumento de que su primer mandato no cuenta, porque tuvo lugar antes de que Bolivia fuera “refundada” como el “Estado Plurinacional de Bolivia”. Ya se pueden imaginar quien fue el que “refundó” el país”. Y continúa: “Así que el 12 de octubre, cuando Morales sea proclamado ganador de las elecciones por amplia mayoría, y los observadores de la Organización de Estados Americanos digan que el conteo de los votos fue limpio, los partidarios de la democracia de todo el mundo deberían ver todo esto con gran escepticismo. Puede ser —o no— que el conteo de los votos del día de la elección sea limpio, pero el proceso electoral ha sido un chiste”.
Pero Oppenheimer no es el único que señala las vicisitudes del proceso electoral boliviano. Astrid Prange ha publicado un artículo en la DW el 11 de septiembre, intitulado “La autocracia andina de Bolivia”. Estas son algunas de sus observaciones: “A un mes de las elecciones presidenciales en Bolivia, comienza la fase más intensa de la campaña electoral.
El actual presidente, Evo Morales, exhibe fuerza e ignora a sus adversarios políticos” (…) Los ataques verbales del jefe de Estado caracterizan la campaña en el país andino de Sudamérica. “Morales arremete contra todos: contra la Iglesia, contra las organizaciones asistenciales, contra los contendientes políticos y contra los medios”, afirma Reiner Wilhelm, representante para Bolivia de Acción Episcopal Adveniat. “Sin embargo, actualmente no hay nadie que pueda representar una amenaza política”.
Al parecer, la oposición dividida cargaría con la mayor culpa por el fracaso electoral. Las ofertas de los candidatos que enfrentan a Evo Morales son pobres. Pareciera que hay el temor –fundado por lo que sucede en el país– de hablar claro; por ejemplo, que es inaplazable la tarea de revisar la actual constitución que se ha convertido en un cuello de botella para la conformación de un Estado moderno e integrado en el mundo, todo por un amorfo “proceso de cambio”; que hay que cambiar el sistema judicial que cada día muestra mayor corrupción e ineficiencia; que hay que imponer controles eficientes en el gasto público ya desbocado; que se va a despolitizar las fuerzas armadas y la policía, etc.
Habrá que convenir en que la Carta Democrática Interamericana, es un excelente documento pero no tiene mecanismos eficientes para cuidar que el autoritarismo viole los principios democráticos en nuestros países. Por el contrario, solo se la invoca para justificar el populismo disgregador y despótico, sin resultado alguno. Por supuesto que la responsabilidad principal radica en los ciudadanos, pero ésta se pierde cuando el poder avasalla derechos e instituciones.
Hay muchos motivos por los que el candidato oficial no debería contar con el respaldo de los electores. Pero eso, al parecer, no cuenta cuando en la otra banda tampoco se advierte coherencia. Que el fracaso –en este caso equivalente a la muerte política– “nos encuentre confesados”.
