Las pretensiones del gobierno de convertir al Perú en el segundo país productor de cobre en el mundo son bastante arriesgadas, considerando los escenarios de conflictividad que eventualmente se manifestarían ante los nuevos emprendimientos mineros.
Según el Ministerio de Energía y Minas, nuestro país pasará de 1,4 millones de toneladas producidas en el 2013 a 2,8 millones de toneladas en 2016, con mega proyectos que actualmente están en construcción como Las Bambas, Constancia, Ampliación de Toromocho y la ampliación de Cerro Verde, entre otros.
Sin embargo, según el Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº124 de la Defensoría del Pueblo, hasta junio de este año se han detectado 135 conflictos socioambientales activos y latentes, y 98 de ellos corresponden a conflictos relacionados a la actividad minera, lo que, sin lugar a dudas, retrasa la inversión en el sector.
Es en el sur andino donde se concentra el 50% de la cartera de nuevos proyectos de empresas mineras. Esto abarca los estados de Tacna, Moquehua, Arequipa, Puno, Cusco y Apurímac, siendo este último estado el que concentra el mayor número de conflictos registrados en 2014, según informa el 14º Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú.
Si bien el número y la intensidad de los conflictos ha disminuido -en comparación a julio de 2012, cuando estalló Conga, Espinar y otros-, es necesario entender algunas estrategias de negociación, así como el nuevo contexto que se presenta actualmente, para prevenir que varios conflictos que siguen latentes se conviertan nuevamente en casos activos, o que directamente aparezcan nuevos focos de conflicto.
1. Simplificación administrativa: los rezagos del efecto Conga, la lenta aprobación del plan ambiental del proyecto Tía María, el arbitraje internacional iniciado por la minera canadiense Bear Creek contra el Estado por el proyecto Santa Ana en Puno, son algunos ejemplos de la escasa efectividad para aprobar y lograr operar nuevos proyectos mineros.
Incluso se sostuvo en algún momento que la "permisología" superaba en gravedad a la conflictividad social en minería. Es probable que la aprobación del paquete de reactivación económica que promueve las inversiones y la simplificación administrativa, sea un estímulo para el crecimiento del sector, por lo que no sería extraño que, si no se toman las precauciones, aparezcan más escenarios de conflictos.
2. Elecciones: en octubre se realizarán las elecciones parlamentarias en todo el país y es evidente que para las empresas mineras las elecciones son un escenario clave para lograr alcaldes acorde a sus intereses. En ese punto las negociaciones son clave para el éxito o el fracaso de eventuales proyectos mineros. Casos como el de Cajamarca o el de la provincia de Espinar serán, sin duda, priorizados por las empresas en los próximos comicios.
3. Minería informal: solucionar el conflicto de los mineros informales es fundamental para reducir el riesgo de generar focos de conflicto. El presidente en su discurso del 28 de julio se comprometió a acabar con el 100% de la minería ilegal en Madre de Dios, una de las zonas con mayor número de casos por delito ambiental. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que ésta ha crecido el último año en la selva del Cusco y Puno, Ucayali, Loreto, Ayacucho y Huancavelica. Para conseguir buenos resultados, es necesario generar un proceso de formalización efectivo y no centrase únicamente en erradicarla.
4. Agentes económicos: hay cuatro agentes económicos en torno a un proyecto minero. Si se logran alinear objetivos e intereses de al menos tres de ellos, es más fácil conciliar con el cuarto, sea quien sea. A modo de ejemplo, en Conga hubo una unión del gobierno central y la empresa minera Yanacocha, pero no existió una buena comunicación hacia la comunidad y, definitivamente, tampoco hacia el gobierno regional. Si hubiese existido una integración con la comunidad, ellos no se hubiesen visto desinformados o alimentados por la información del gobierno regional.
5. Estrategia empresarial: cuando hablamos de la relación de la minería con las comunidades, generalmente encontramos casos de apoyo asistencialista, como la construcción de escuelas, bibliotecas, hospitales, entre otros. Obras que si bien son importantes para la comunidad, solo resuelven sus necesidades de corto plazo. La responsabilidad social empresarial en la minería comprende una visión de mediano y largo plazo donde se planifica cómo contribuir al desarrollo económico, social, local, ambiental, laboral, de manera sustentable, vinculándose con sus empleados, familias y sociedad en general, y donde la operación minera es un miembro más de la comunidad. En este proceso de planificación es importante entender cuáles son los intereses de las comunidades y no simplemente pensar qué es lo mejor para ellos. Asimismo, debe ser un proceso participativo y en el que se explique clara y transparentemente cada posición.
