Un millón y medio de civiles están atrapados en medio de los combates en Alepo. Esos combates los han privado del acceso a suministros de agua y luz. Naciones Unidas ha solicitado a los bandos en combate una “pausa humanitaria” para restablecer ambos servicios, además de hacer llegar ayuda humanitaria a la población. El problema con esa invocación es que privar a segmentos de la población de bienes y servicios vitales podría no ser una consecuencia accidental del conflicto, sino el producto deliberado de una estrategia.
¿Qué objetivos podrían buscar los contendientes con medios tan despiadados como criminales? Atacar en forma deliberada blancos civiles podría servir dos objetivos. De un lado, los grupos irregulares armados intentan demostrar a la población que son capaces de brindar servicios públicos en un entorno seguro. A su vez, las fuerzas gubernamentales intentarían negarles el logro de ese objetivo atacando la infraestructura civil en las zonas bajo control insurgente. De otro lado, las partes podrían intentar doblegar por hambre a sus rivales en las zonas urbanas que mantienen cercadas (y de ese modo evitar el costo oneroso de combatir cuerpo a cuerpo para conquistar cada centro urbano calle por calle).
Más allá de la verosimilitud de ese argumento, ¿qué evidencia habría de que los ataques contra blancos civiles son deliberados? Si bien existe evidencia de que todos los bandos involucrados han realizado acciones que podrían calificar como crímenes de guerra, las investigaciones independientes coinciden en que dos actores habrían cometido las mayores atrocidades: Daesh y el régimen de Bashar Al Assad. Para muestra, revisemos las conclusiones de una de esas investigaciones: el informe de la organización Médicos por los Derechos Humanos sobre los ataques contra centros de salud durante la guerra en Siria (V., “Anatomy of a Crisis, a map of attacks on health care in Syria”).
Según ese informe, desde 2011 se han producido 373 ataques contra centros de salud en Siria. Dado que están protegidos bajo el derecho internacional humanitario, los centros de salud suelen proveer sus coordenadas a las partes contendientes precisamente para evitar ser blanco de ataques. Por esa razón, un número tan elevado de ataques sugiere cuando menos un empleo indiscriminado de las armas a disposición de los combatientes. El hecho de que los “Grupos Armados No Estatales” (como los denomina el informe), hayan provocado 24 de esos ataques mientras las fuerzas del régimen provocaron cuando menos 291 de ellos (es decir, alrededor del 80% del total), podría explicarse en parte por la significativa diferencia en potencia de fuego (por ejemplo, los Grupos Armados No Estatales carecen de aviación).
Pero el empleo relativamente indiscriminado de una mayor potencia de fuego no sería la única causa probable de esa diferencia: si bien Rusia y la coalición liderada por los Estados Unidos han realizado bombardeos en Siria por menos tiempo que el régimen de Al Assad, la potencia de fuego a su disposición es bastante mayor que la de este último. Y sin embargo, el informe atribuye a Rusia 16 de esos ataques, y atribuye uno a la coalición liderada por los Estados Unidos.
Sólo cabe una de dos conclusiones: o bien el régimen sirio ataca de manera deliberada centros de salud, o bien sus acciones demuestran un grado de negligencia superlativo. Para efectos de establecer responsabilidad legal, ambas conclusiones son indistinguibles.
