En el mundo, 68 países no han abolido la pena de muerte, entre los cuales se encuentran Estados Unidos y Egipto, dos países que en lugar de disminuir las estadísticas de personas condenadas al patíbulo, cada vez aumentan las cifras de la mano de una justicia selectiva, parcializada y discriminatoria. 

A Estados Unidos y Egipto no sólo los une esta condenable práctica de impartir justicia, sino los intereses geoestratégicos en el mundo árabe; asimismo, los egipcios siguen siendo sus principales aliados en la región y uno de los países del mundo que más ayuda y da cooperación militar a Estados Unidos.

En Estados Unidos las mayores ejecuciones recaen sobre los ciudadanos de origen afroamericanos y latinoamericano, o sea, con la lupa racial en sus 32 estados; mientras que en Egipto sobre los seguidores y simpatizantes de la organización política de los Hermanos Musulmanes.

Siguiendo con EE.UU., gran parte de los juicios son parciales en un país donde los negros representan el 12% de la población. Sin embargo, sobre ese segmento de la población recaen más del 50% de las condenas a muerte. Las cifras sobre ejecuciones, en 2014, en los estados de Texas y Alabama, hablan por sí solas. En el primero, once de los 15 condenados al patíbulo fueron negros, y en el segundo el 70% de los ejecutados.

En Egipto, en tanto, la rebelión de la primavera árabe de 2011 precipitó la caída del régimen de Hosni Mubarak. Su caída en términos políticos fue capitalizada por los Hermanos Musulmanes, una organización política islamista de corte fundamentalista, fundada en 1928 por el clérigo Hassan Al Banna, una cofradía que luego de ocho décadas de luchas, entre la clandestinidad y la legalidad, llegó por primera vez, en 2012, al poder con el presidente Mohamed Morsi.

Morsi es el primer egipcio elegido democráticamente en la historia del país, pero desde que asumió el poder pretendió transformar a Egipto en un Estado islamista. Su estrategia política fue consolidar el poder de los Hermanos Musulmanes en todas las estructuras del Estado. Entonces, tras ganar los comicios presidenciales y parlamentarios, con la mayoría en el Parlamento, buscó promulgar una nueva Constitución Política e implantar un Estado islámico, jugada política que desató una ola de protestas que precipitaron su caída tras un golpe de Estado.

Así los militares, aliados del antiguo régimen de Mubarak, regresan al poder y desatan una represiva campaña política y económica en contra de los seguidores de la Hermandad Musulmana; declaran la ilegalidad de organización, la acusan de terrorismo y encarcelan a sus principales líderes. Más de 3.000 partidarios han sido asesinados, 15.000 arrestados y 1.438 condenados a la pena de muerte, entre ellos, el ex presidente Morsi, el guía supremo de la hermandad, Mohamed Badía, y otros principales líderes.

Un juez de un plumazo condenó a la horca a 188 simpatizantes y otro, en un juicio relámpago, condenó al patíbulo a otros 1.250 seguidores de la Hermandad. De allí que varias organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional no salen del asombro de que dos jueces condenen de un tirón a tantos seguidores de esta organización política sin que haya un enérgico rechazo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en contra del exterminio político de los Hermanos Musulmanes en Egipto. 

Organizaciones de Derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Wath han criticado las faltas de garantías en los procesos. Lo polémico en la justicia egipcia es que tanto en los regímenes de Mubarak, como en el breve de Morsi, ambos buscaron tener una justicia a la medida de sus intereses políticos, pero la Comunidad Internacional no puede seguir guardando silencio frente al aniquilamiento judicial de los Hermanos Musulmanes en Egipto.